Junta ve "desacertada" la Ley del Trabajo Autónomo del PP-A y rechaza su regulación "cerrada" sobre incentivos

Actualizado: sábado, 19 junio 2010 13:14

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha emitido su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de Ley del Trabajo Autónomo presentada por el Grupo Popular en el Parlamento por considerar que se trata de un texto "desacertado" que, entre otras cuestiones, establece una regulación "cerrada" sobre incentivos que impide adaptarla a las necesidades coyunturales del mercado laboral.

En un acuerdo aprobado el pasado 1 de junio, al que ha tenido acceso a Europa Press, el Consejo de Gobierno de la Junta se opone a la norma propuesta por el PP-A por segunda vez en la actual legislatura, ya que pone de manifiesto su contenido reproduce "los mismos términos" que la proposición de Ley que fue rechazada por el Pleno de la Cámara autonómica el pasado 25 de noviembre.

Según el Ejecutivo andaluz, la proposición de Ley del Grupo Popular "no se ajusta a la materia propia que debe regular" dicha norma, "el marco unitario de las relaciones jurídicas del trabajador autónomo en Andalucía", sino que plantea una regulación "muy pormenorizada y cerrada" del régimen de ayudas e incentivos a este colectivo, mientras que "olvida conceptos tan importantes como la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente".

En este sentido, la Junta pone de manifiesto que la excesiva regulación del régimen de ayudas e incentivos a los autónomos propuesta por el PP-A "impide poder valorar las necesidades que coyunturalmente presente el mercado laboral, salvo que se modifique el texto legal, obviando así la vocación de permanencia que ha de tener cualquier ley".

Junto a ello, la Junta tampoco considera "oportuno" aprobar la iniciativa del Grupo Popular porque el borrador de su anteproyecto de Ley del Trabajo Autónomo, en cuyos trabajos preparatorios han participado expertos en la materia, se encuentra en un "estado avanzado" y ya fue presentado el pasado 10 de febrero a los agentes sociales y económicos, logrando un amplio "consenso".