HUELVA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
La sección sindical de CSIF en el centro penitenciario de Huelva ha expresado este miércoles su preocupación por el "más que previsible incremento de casos por intoxicación y sobredosis de medicamentos", así como "el aumento, ya de por si elevado, de la conflictividad entre reclusos y de la inseguridad de los trabajadores en el interior de la prisión".
La central sindical ha explicado en una nota de prensa que actualmente existe "una falta endémica" de personal sanitario en este centro penitenciario causada por la negativa del Ministerio del Interior a cubrir estas plazas. No obstante, desde Instituciones Penitenciarias han indicado a Europa Press que la asistencia sanitaria que se presta en el centro penitenciaria es "correcta y de calidad".
Por su parte, desde el sindicato han indicado que desde hace más de una década, "este déficit era subsanado, en parte, mediante la contratación de una empresa externa que reforzaba la prestación, sobre todo durante el periodo vacacional, fines de semana, festivos y puentes, en lo relativo a la administración de tratamientos médicos".
No obstante, CSIF ha señalado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidió, "de manera unilateral y sin informar previamente, dar por terminada esa contratación externa por lo que el pasado mes de junio el servicio dejó de prestarse".
"Esta medida carente de sentido y provocada exclusivamente por el ansia de recortes del Gobierno central, provocará que a más de 500 internos que tienen prescrito tratamiento de medicación psicotrópica se les haga entrega los viernes --y en una sola vez-- de toda la medicación del fin de semana y días festivos, lo que provocará de forma inevitable el aumento de casos por intoxicación y sobredosis de estas sustancias".
Consideran desde CSIF que esto, a su vez, generará "un mayor aumento de salidas urgentes a hospitales lo que va a afectar directamente a la seguridad ciudadana ya que estos desplazamientos tienen que realizarse por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que dejarán de prestar otro servicio para trasladar a los internos".
Esta situación también provocará, a juicio del sindicato, "el refuerzo de las mafias que operan en el interior del centro dedicadas a la introducción y venta de este tipo de sustancias y que tratarán, utilizando la violencia, de hacerse con los medicamentos sustrayéndoselos a sus propietarios". Todo ello, asegura CSIF, afectará "al orden, la convivencia y la seguridad tanto de los internos como de los funcionarios" y supondrá "un aumento de agresiones entre reclusos y hacia los trabajadores".
Esta decisión también supone que, tres veces al día, los funcionarios de vigilancia deben hacerse cargo del desplazamiento de una gran cantidad de internos desde los módulos hasta la enfermería del centro para la administración de la medicación supervisada y del tratamiento con metadona.
CSIF afirma que "se ven obligados, por orden del director del centro, Alejandro Zulueta, a abandonar la vigilancia, el control y la seguridad de los internos que tienen a su cargo para proceder al traslado de los reclusos". Además, se les ha encomendado efectuar controles y registros a los internos para comprobar si "se están auto administrando de forma correcta el tratamiento, una labor que no les corresponde a los funcionarios de vigilancia".
"SIN SOLUCIONES"
Han recordado que la central sindical, en el momento de conocer la decisión, trasladó su preocupación al propio director y su única respuesta fue que "en el resto de centros penitenciarios este tipo de contratos con empresas externas ya no existe" pero "no tuvo en consideración que en los centros de nuestro entorno más cercano, los auxiliares de enfermería, enfermeros y médicos se duplican en efectivos reales". La consecuencia inmediata es "el aumento de las cargas de trabajo para el personal sanitario que se encuentre de guardia durante los fines de semana".
Por todo ello, CSIF exige "de manera inmediata" al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y al director de este centro que se restituya el contrato con la empresa externa que prestaba el servicio sanitario y que se convoque "de forma urgente" una oferta de empleo público para solucionar "el problema de escasez" de personal sanitario y de funcionarios de vigilancia para garantizar, de esta forma, la salud de los reclusos así como la seguridad de los funcionarios de la prisión onubense.
