HUELVA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
La constructora Azagra y el presidente de la comunidad de propietarios de Aljapark, Angel Luis González, en Aljaraque (Huelva) celebraron hoy un acto de conciliación previa a una querella criminal que la empresa pretende interponer contra este propietario por un "presunto delito de calumnias con publicidad".
En el acta de conciliación, al que ha tenido acceso Europa Press, la empresa sostiene que, en declaraciones a los medios de comunicación, el propietario calificó a la empresa como "autora de una estafa", por lo que añade que, "siendo incierto este delito en las compraventas de las viviendas de Aljapark, requiere que se retracte de sus declaraciones dejando constante la inexistencia de delito".
Azagra advierte, además que, "en el caso de no rectificar con la publicidad adecuada, se le interpondrá una querella criminal por presunto delito de calumnia con publicidad", para lo que se celebró el acto de conciliación de hoy, en el que no hubo acuerdo entre las partes.
Y es que González rechazó "haber acusado a la empresa de producir una estafa" y resaltó que "lo que indicó a los medios de comunicación es que los vecinos se sentían estafados al habérseles entregado una cosa diferente a la que compraron", aunque resaltó que "no es posible cometer un delito de calumnia sobre persona jurídica".
De la misma forma, el presidente de la comunidad de propietarios de Aljapark manifestó que, "llegado el caso y teniendo que demostrar la 'exceptio veritatis', no habría ningún inconveniente en acreditar la doble venta de carpintería metálica Climalit y de suelos, comportamiento éstos y otros que pudieran ser calificados como de apoderamiento ilícito". Estas exposiciones motivaron que el conciliante decidiese dar por terminado el acto "sin avenencia".
Estos hechos se producen después de que la constructora de la urbanización de Aljapark fuese condenada la semana pasada "a pagar a 29 de los 72 propietarios de las dos fases de estos adosados entre 8.500 y 10.500 euros por las deficiencias que presentaban las viviendas entregadas en 2001 y que fueron denunciadas ante los tribunales en 2004", según expresó el representante de la comunidad de propietarios.
