La defensa pide libre absolución y la acusación particular exculpa a uno de los acusados y reduce a un año su petición para el primer edil
HUELVA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Huelva elevó hoy a definitiva su petición de un año y nueve meses de cárcel para el alcalde de Cortegana (Huelva), Antonio Marín (IU), así como para los otros 12 imputados acusados de los presuntos delitos de desórdenes públicos y otro continuado de daños tras los incidentes contra la comunidad gitana registrados en Cortegana el 16 de enero de 2005 en el transcurso de la protesta organizada por el Ayuntamiento tras la muerte del vecino Mateo Vázquez el 1 de enero anterior, por la que fueron detenidos dos vecinos gitanos.
Igualmente, la Fiscalía pide, por el delito de daños, la pena de multa de 18 meses, a razón de seis euros por cada cuota diaria y con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas; si bien, de dichas cantidades --que reparte proporcionalmente a los daños ocasionados entre los acusados, a excepción del alcalde-- responsabiliza, de forma subsidiaria, al Ayuntamiento de Cortegana.
Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución de los acusados y la acusación particular introdujo ciertas modificaciones, pues retiró su petición contra I.R.M. "al no estar acreditada su participación en los hechos"; redujeron a dos años de cárcel su solicitud para I.L.C. y M.J.P. por el presunto delito de provocación al odio racial, y solicitó finalmente un año de prisión para el primer edil, Antonio Marín, por un supuesto delito de manifestación ilegal, mientras que para el resto de imputados pidió tres años de prisión acusados de los delitos de provocación al odio racial y de manifestación ilegal, así como otros dos años de cárcel por un presunto delito de amenazas a la minoría étnica gitana.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva acogió durante todo el día de hoy la segunda sesión del juicio por los incidentes acontecidos en Las Eritas con la declaración de más de 30 testigos entre concejales del Ayuntamiento corteganés en el momento de los hechos, vecinos de la localidad, participantes en la manifestación, afectados y un agente de la Guardia Civil, el cual ratificó la declaración realizada en la fase de instrucción en la cual reconoció que 12 de los imputados --todos a excepción del alcalde-- participaron en la "revuelta" tirando piedras a las viviendas de este colectivo y cortando cables de algunas farolas.
El primero en prestar declaración fue J.M., concejal de IU el día de la concentración vecinal, que aseguró que el recorrido de la manifestación "se sabía" y la gente "la podía conocer, pues además había un atril en la plaza donde se supone que finalizaba", señalando que en el pueblo "existía un sentimiento de crispación y de impotencia tras el asesinato de Mateo".
Esta declaración fue corroborada por el también concejal de IU M.V., quien indicó que previamente a la celebración de la manifestación hubo una reunión de los distintos grupos políticos con representación municipal en la que se acordó el itinerario, "aunque en un momento dado la gente se dividió y se dirigió a la barriada de Las Eritas", donde habita el colectivo gitano de Cortegana.
RITMO "TREPIDANTE".
Por su parte, uno de los concejales del PSOE que participó en la prueba testifical, A.N.R., señaló que la concentración "estaba muy mal organizada y, aunque el recorrido podría ser el correcto, aquello se desmadró por la enorme cantidad de gente que había y por el ritmo trepidante de la misma", al tiempo que aseguró no haber visto ni escuchado "a nadie del Ayuntamiento que impidiera que la marcha se dirigiera hacia Las Eritas", durante la cual se gritaba "'gitanos asesinos'". "Cuando la Guardia Civil hizo parar la manifestación ya era demasiado tarde", puntualizó.
El concejal del PSOE en el momento de los hechos T.O. coincidió con su compañero en afirmar que "con más medidas de seguridad se podría haber evitado todo", tras lo que describió que durante la marcha se pronunciaron gritos como "gitanos asesinos" y "se lanzaron piedras contra las viviendas".
Finalmente, y tras la declaración de los testigos propuestos por la defensa, la sala acogió el testimonio de más de diez vecinos del colectivo gitano afectado, los cuales, fundamentalmente, coincidieron en señalar que fue la Guardia Civil la que les alertó para que se metieran en sus casas debido a la concentración, y una vez en sus viviendas comenzaron a escuchar "gritos e insultos" y a ver cómo los manifestantes "tiraban piedras contra sus bienes inmuebles y contra sus vehículos".
"MIEDO".
En este punto, todos insistieron en poner de manifiesto el "miedo" que pasaron durante "las dos o tres horas" que duró la marcha, e incluso uno de ellos, V.A., llegó a asegurar que "estábamos como conejos en una madriguera, porque aquello era una guerra y un bombardeo como en Vietnam, por lo que el miedo aún no se nos ha quitado del todo y seguirá existiendo".
La vista por estos hechos comenzó ayer a las 12.00 horas con dos horas de retraso sobre el horario previsto debido a la incomparecencia inicial de dos de los acusados, y entre fuertes medidas de seguridad --unos 50 agentes a pie y a caballo de la Policía Nacional-- ante la afluencia masiva de personas que se esperaba, tanto de miembros del colectivo gitano como de los que apoyan a los imputados.
Así, ayer prestaron declaración el alcalde de Cortegana (Huelva), Antonio Marín (IU), así como los otros 12 imputados, que negaron su participación en los incidentes contra la comunidad gitana registrados en Cortegana el 16 de enero de 2005 en el transcurso de la protesta organizada por el Ayuntamiento tras la muerte del vecino Mateo Vázquez el 1 de enero anterior, por la que fueron detenidos dos vecinos gitanos.
EL FISCAL PIDE 21 MESES DE CÁRCEL.
La Fiscalía de Huelva pide un año y nueve meses de prisión para el alcalde de Cortegana, Antonio Marín, acusado de los presuntos delitos de desórdenes públicos y otro continuado de daños tras los incidentes contra la comunidad gitana registrados en la localidad serrana.
De esta forma, en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público también pide la misma condena para otros once participantes en la manifestación, acusados por un delito de desórdenes públicos y otro continuado de daños.
La Fiscalía considera como hechos probados que el alcalde de Cortegana, tras la muerte de Mateo Vázquez y el requerimiento de los vecinos, convocó la protesta que discurriría entre la plaza de la Constitución y la de la Esperanza de la localidad, pero, "lejos de parar aquí, continuaron hasta llegar a la calle Encina, sita en la barriada de Las Eritas donde residen la mayor parte de los gitanos, mientras el alcalde no hizo nada por parar la protesta en la Plaza de la Esperanza, como estaba previsto".
El escrito continúa relatando que "los manifestantes, actuando al unísono, comenzaron a dar gritos en contra del colectivo de los gitanos, profiriendo expresiones tales como 'os vamos a matar', 'iros del pueblo' y otras parecidas en clara oposición a dicho colectivo en atención a su etnia; al tiempo que lanzaron piedras y otros objetos contra las viviendas, los coches y otros efectos de los vecinos gitanos, teniendo que ser parados y apartados del lugar por agentes de la Guardia Civil y causando numerosos desperfectos", por los que se les impone la multa.
