La Junta destaca la futura Ley de Participación como forma de gobierno "abierto y transparente"

Rebeca Martín y José Fiscal.
EUROPA PRESS/JUNTA
Actualizado: jueves, 2 julio 2015 15:18

HUELVA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno de la Junta en Huelva, José Fiscal, ha destacado la "importancia" de la futura Ley de Participación Ciudadana en Andalucía que regulará la ampliación de los derechos de participación y de las fórmulas de gobierno "abierto y transparente" ya recogidas en el Estatuto de Autonomía, "posibilitando su ejercicio dentro de los límites del actual marco legislativo".

Así se ha manifestado durante la presentación del II Encuentro Provincial 'Caminando hacia una Democracia Participativa', que se celebrará este jueves, en el marco de la Semana Europea de la Democracia Local. En el acto ha estado acompañado del responsable de la Oficina de la Vicepresidencia, Antonio Marín, y de la coordinadora provincial de Voluntariado, Rebeca Martín.

En este segundo foro provincial se recogerán las nuevas aportaciones para la elaboración de un texto en el que han trabajado desde hace dos años más de 5.500 personas de la comunidad autónoma. La nueva ley impulsará, en Andalucía, otras formas de democracia directa complementarias del modelo representativo y aportarán calidad democrática.

"El presente está dictando que los avances producidos en la transparencia de la gestión pública redundan en la relación entre la política y la ciudadanía, para lo que es necesario adoptar medidas que potencien un gobierno abierto, donde la participación y la colaboración son valores esenciales para ganar en democracia", ha defendido Fiscal.

De este modo, ha explicado que la Junta trabaja por recuperar "la credibilidad y la confianza" en el sistema político y en las instituciones democráticas, para lo que aboga por una ética que contribuya a "luchar contra la corrupción y a hacer políticas inclusivas, integradoras y, sobre todo, participativas, que pongan al alcance de los ciudadanos los mecanismos y procedimientos que permitan su participación real y efectiva en los asuntos que más les afectan, desde el convencimiento de que gobernar y mandar no son términos sinónimos".

En este sentido, la futura norma de participación abunda en esta intención y profundiza en el desarrollo del artículo 30 del Estatuto de Autonomía, que reconoce el derecho de los andaluces a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos de Andalucía, directamente o por medio de representantes, en los términos que establezcan la Constitución, este Estatuto y las leyes.

El trabajo del Gobierno andaluz pretende culminar en una mejora "significativa" de la calidad democrática. "Desde la calle se nos está pidiendo otro modo de entender y de hacer política, más cercano, más transparente, más honesto", ha concluido Fiscal, para quien que "una administración como la Junta oriente sus pasos en esa dirección, a través de esta norma o de otras como la Ley de Transparencia, representa una fórmula óptima para reconciliar a muchos ciudadanos con la función social de la política y con la utilidad verdadera de los servicios públicos".

Por su parte, la coordinadora de Voluntariado, Rebeca Martín, ha recordado que el proceso para la elaboración de Ley de Participación Ciudadana se inició hace dos años y que en el mismo han participado unas 500 personas de Huelva. Para llegar a todos los ámbitos, "se han realizado diez encuentros comarcales y varias reuniones sectoriales con colectivos como jóvenes, universitarios o mujeres".

"Del último, que tuvo lugar en junio de 2013, salieron las aportaciones que se incluyeron en el actual anteproyecto de ley, que ahora vuelve a la ciudadanía, para que ésta pueda realizar nuevas aportaciones durante el mes de octubre a través de una plataforma digital", ha proseguido.

Martín ha explicado que el "fin del encuentro de mañana es precisamente explicar el anteproyecto y dar a conocer esta herramienta digital para que el ciudadano haga aportaciones". Posteriormente, el texto volverá al Parlamento antes de su aprobación como ley. "Los trámites parlamentarios pueden prolongarse seis meses", ha finalizado.

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