PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El pleno ordinario del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) vota este miércoles una propuesta de acuerdo, --elevada por la alcaldía (PSOE)--, sobre el allanamiento del Consistorio en el procedimiento judicial abierto contra la adjudicación de las parcelas de la avenida Ciudad de Huelva. Se trata de una propuesta de acuerdo que conllevará la anulación de la adjudicación de las parcelas de los antiguos depósitos a la entidad Riaumbría Towers en las que se iba a desarrollar el residencial William Martin, más conocido como el proyecto de las dos torres de 19 plantas.
En la mencionada providencia de Alcaldía, a la que ha tenido acceso Europa Press, se propone acordar el allanamiento del Ayuntamiento de Punta Umbría de la demanda interpuesta en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva y cuyo objeto es la anulación de la adjudicación de las parcelas.
Además, plantea que se proceda, en un procedimiento separado y por los cauces legales que correspondan, a la determinación de los eventuales derechos económicos (devolución del precio abonado, etc) que pudieran corresponder a la empresa por la anulación de la adjudicación.
Asimismo, el Ayuntamiento ha desistido en su recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la sentencia que anula el procedimiento de venta de estos terrenos.
Así, según argumenta la providencia de Alcaldía, "el mantenimiento de una batalla judicial (por el excesivo tiempo que ello supone) podría ser perjudicial para los intereses generales y, aún creyendo en la interpretación jurídica y técnica de los departamentos municipales, entendemos que podría resultar más conveniente a los intereses generales la puesta en carga cuanto antes de dichas parcelas".
Por su parte, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, para el concejal de Economía del Ayuntamiento de Punta Umbría, Daniel Ferrera, "nuestra localidad no puede permitirse el lujo de esperar para que empiecen las obras así que hemos decidido parar la vía puesta en marcha y comenzar de nuevo los procedimientos cuanto antes".
El propio concejal ha indicado que "en el anterior proceso el juez ha detectado un defecto de forma que subsanaremos cuanto antes y para iniciar este proyecto vital para Punta Umbría". El responsable de Economía municipal ha señalado que "el portavoz de Unidos por Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, continúa intentando paralizar la vida municipal y este equipo de gobierno lo que hace es buscar alternativas para el bienestar de todos".
Daniel Ferrera ha indicado que "el equipo de Gobierno es coherente y quiere cuanto antes la creación de 500 puestos de trabajo y una considerable mejora del entorno y de distintas zonas del municipio que dependen de la venta de esas parcelas".
El proyecto de la avenida Ciudad de Huelva se extiende por una superficie de algo más de 30.000 metros cuadrados de los que, únicamente, una sexta parte está destinada a viviendas y comercial. La reordenación se hará sobre una superficie de 30.182 metros cuadrados, distribuidos entre 5.210,78 metros cuadrados de suelo residencial y comercial, 1.772,33 metros cuadrados de suelo dotacional, 3.714,15 metros cuadrados de uso administrativo, 2.405,07 metros cuadrados de suelo en áreas peatonales, 5.950,57 metros cuadrados de zonas verdes, 2.381,17 metros cuadrados de aparcamientos y 8.747,93 metros cuadrados de viario público.
REACCIÓN DE UPU
Por su parte, el portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha exigido la dimisión inmediata de la alcaldesa, Aurora Águedo, tras esta propuesta de acuerdo.
Para Hernández Cansino, "la alcaldesa pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, y ahora que da marcha atrás reconociéndolo no le queda otra que irse".
Según ha destacado en una nota de prensa el portavoz de UPU, "la responsabilidad de la alcaldesa, su equipo de gobierno y las concejalas tránsfugas que votaron a favor del proyecto a sabiendas de su ilegalidad son obvias", y ha añadido "la nulidad del proyecto era la crónica de una muerte anunciada". "Avisamos de que el plan era ilegal, nulo de pleno derecho, desde el minuto uno, el mismo día de septiembre de 2017 en el que el pleno dio luz verde a la enajenación de las parcelas", ha remarcado.
Por eso, a su juicio, "los eventuales daños que se generen a la empresa o indemnizaciones, tendrán que asumirlos quienes aprobaron el proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos".
Según ha aclarado Hernández Cansino, "los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias económicas de su bolsillo".
"Una alcaldesa que con sus decisiones, cuya ilegalidad ahora reconoce, hipoteca el futuro de su pueblo, tiene que asumir sus responsabilidades y presentar su dimisión inmediata" concluyó Hernández Cansino.
