19 de octubre de 2019
7 de junio de 2014

El PSOE critica que el Gobierno elimine ayudas a la vivienda lo que perjudica a "1.083 onubenses en un año"

El PSOE critica que el Gobierno elimine ayudas a la vivienda lo que perjudica a "1.083 onubenses en un año"
EUROPA PRESS/PSOE

HUELVA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista por Huelva Petronila Guerrero ha criticado que "de nuevo" el Gobierno central dé "otro golpe" a la economía de las familias onubenses tras conocer que "en la provincia hay 1.083 beneficiarios menos de las ayudas a la vivienda".

Así lo ha puesto de manifiesto la socialista tras responder el Ejecutivo de Rajoy a la pregunta realizada sobre la repercusión de la subsidiación de préstamos hipotecarios en la provincia de Huelva.

En esta línea, Petronila Guerrero ha indicado a Europa Press que, según sus propios datos, la reducción de beneficiarios ha sido una cifra "elevada" en Huelva como consecuencia de la aplicación del artículo 35 del real decreto Ley 10/2012 del 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Del mismo modo, ha apuntado que la aplicación de la interpretación con carácter extensivo y retroactivo que hizo la Subdirección General de Políticas y Ayudas a la Vivienda en la provincia ha provocado que si a 30 de junio de 2012 --antes del Real Decreto-- los beneficiarios, de todos los planes en la provincia de Huelva fueron 3.871, a 30 de septiembre de 2013, los beneficiarios son ya 2.788, por tanto, "ahora hay 1.083 beneficiarios menos".

Por ello, Petronila Guerrero ha criticado "fuertemente" que "el Partido Popular haya acabado por la vía de decreto con el apoyo al acceso a la vivienda en propiedad, dando un golpe más a las familias de clase media y baja, 1.083 familias onubenses, familias con rentas bajas, parejas jóvenes, muchas con hijos pequeños que eran las que adquirían Viviendas de Protección Oficial (VPO)".

Ante esta situación, el Partido Socialista ha llevado esta ley al Tribunal Constitucional, ya que "es un atropello más a las familias más humildes, dificultando aún más su capacidad de pagar su hipoteca, arriesgándolas a un desahucio, una medida inconstitucional que quita derechos con carácter retroactivo".