HUELVA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
La asociación de defensa jurídico ambiental De Amicitia y la Asociación Mesa de la Ría de Huelva denunciaron hoy ante la Fiscalía General de Medio Ambiente y Urbanismo en Madrid "a la ex delegada en Huelva de la Consejería de Medio Ambiente, Isabel Rodríguez Robles, a la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo Jiménez, y a la jefa del servicio de Legislación, Recursos e Informes de la Consejería, por el presunto delito de prevaricación", tras la concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a Fertiberia.
Además, según explicó a Europa Press el vicepresidente de la Asociación Mesa de la Ría, Aurelio González, han mantenido un encuentro con el fiscal "para que en Huelva se tomen en serio todas las denuncias anteriores" de este colectivo en relación a la AAI, a las obras del Puerto de Huelva, entre otras.
Esta denuncia por prevaricación "es en su modalidad de comisión dolosa o imprudente que supuso la concesión irregular de la AAI, que permite la continuación del vertido de fosfoyesos radiactivos que se acumulan en las marismas junto a la ciudad de Huelva en una cantidad de 120 millones de toneladas", según indicaron en una nota.
La denuncia apunta así un delito de "prevaricación ambiental y genérico, tipificados en el código penal, debido a que se concedió contra informes desfavorables, como el técnico urbanístico que manifiesta la prohibición expresa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Huelva de vertidos en estas zonas y la obligación de recuperación de las mismas, o el de la propia Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente que considera caducada la concesión".
De Amicitia pone así mismo en valor las distintas alegaciones, denuncias y recursos realizadas por la Asociación Mesa de la Ría y otras alegaciones de colectivos como Greenpeace, Ecologistas en Acción y Los Verdes, "con documentos que no fueron respondidos ni considerados por los denunciados, entre los que destaca el silencio mostrado ante la consideración en las alegaciones del carácter de residuo peligroso de los fosfoyesos con los distintos informes aportados e indicados por la asociación onubense".
Según informó el colectivo, se trata de analíticas de la propia Junta de Andalucía de los "reboses de fosfoyesos a la ría que demuestran su carácter contaminante"; el informe preparatorio para el estudio epidemiológico sobre contaminación del Polo Químico de Huelva y los riesgos para la salud, realizado en abril de 1989 por la propia Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, "del que en este mes se cumple el veinte aniversario sin que se haya realizado, en el cual se afirmaba el potencial contaminante de los fosfoyesos, su afección a la salud humana y los riesgos provenientes de los vertidos de fosfoyesos".
Incluye además, el informe realizado por la Agencia del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 1994, esto es, 'La Situación actual y estimación de la evolución del estado ambiental de la ría de Huelva (1992). Expediente 16/92-C-00. Informe Esturión'; el informe del laboratorio francés Criirad encargado por Greenpeace sobre radioactividad en la ría de Huelva y concretamente en las balsas de fosfoyesos (U235, U238, Polonio 210) y en relación al CRI-9 (Cesio-137), de 4 de diciembre de 2007.
Añade así el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la situación del Centro de Recuperación de Inertes (CRI-9) de las Marismas de Mendaña, donde se vertieron residuos radiactivos contaminados por cesio-137.
La denuncia "deja constancia", según subrayaron los dos colectivos, de que la AAI se concedió "contraviniendo la Mejor Técnica Disponible, por el que se establecía un circuito cerrado, ya que sendos informes realizados por el Seprona y el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, a raíz de la tercera alegación y las denuncias directas realizadas por la Asociación Mesa de la Ría, demostraron finalmente la existencia de un canal de vertido continuado de fosfoyesos a la Ría en circuito abierto de unas balsas que, además, nunca fueron impermeabilizadas, infringiendo con ello el sistema de circuito cerrado".
La "ilegalidad" de la autorización ambiental concedida se sustenta, "además de en todo lo anteriormente mencionado, en el hecho de que se dejaron de lado las múltiples sentencias contra los vertidos de Fertiberia incluida la de la Audiencia, ya que en un estado de derecho las sentencias hay que cumplirlas, y además, porque resulta inasumible el riesgo que suponen los vertidos tóxicos con un alto componente de radioactividad que afecta a la salud pública de población de Huelva y área metropolitana, y al equilibrio de los ecosistemas de la ría de Huelva".
