HUELVA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT ha asegurado este martes que, según los datos que manejan, con la nueva reforma que pretende hacer el Gobierno central sobre la Ley de la Dependencia, "15.000 personas dependientes" en la provincia tendrán restringidas su derecho a beneficiarse de este servicio que "hará inviable garantizar esta prestación, especialmente a los grandes dependientes sin recursos", así como un total de 3.784 empleos en el sector "corren el peligro de mermar sus condiciones laborales y salariales", siendo la gran mayoría mujeres.
Para el secretario general de UGT, Jorge Puente, la reforma "es un paso atrás en la igualdad de género, porque las trabajadoras tenían un contrato en su mayoría a tiempo parcial, una situación que precarizaba el empleo y que ahora se agravará aún más", según informa UGT en una nota.
Esta reforma, a su juicio, "es injusta porque no reconoce la dependencia como derecho subjetivo, sino como un derecho objetivamente económico", indicando además que "se rescata la figura de la beneficencia, pretendiendo que sean las familias quienes soporten todo el peso de la atención al dependiente; se universaliza el copago y ahora el Gobierno pretende que los menores de edad también paguen".
En este sentido, ha remarcado que las familias con hijos con discapacidad "ya tienen suficientes dificultades para encima no contar con el apoyo de la Administración".
De hecho, si hasta ahora las personas con ingresos inferiores al Iprem han quedado exentos del pago de los servicios recibidos, con la reforma "quedarán fuera aquellas que cobren por debajo del 75 por ciento del Iprem, lo que supone un sueldo inferior a los 400 euros mensuales". Puente ha criticado la reforma y teme que ésta "hipoteque de por vida a una familia" al incorporar la vivienda como elemento del patrimonio y como garantía de pago de la persona dependiente si la familia no tiene recursos suficientes para hacer frente al coste de este servicio.
Para UGT, la declaraciones del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, sobre la existencia de un supuesto fraude generalizado en las ayudas a la dependencia "son una falacia" porque "criminaliza el trabajo que realizan muchas mujeres que han decidido dedicar su vida al cuidado de un familiar".
Por último, el sindicato asegura que "para la progresividad debe ser de aplicación compromisos impositivos y fiscales, y que no sólo incidan en las prestaciones de servicios y derechos". UGT ha criticado también la desaparición de los niveles de grado uno y la eliminación de la cotización a la seguridad social para el cuidador familiar y ha advertido que esta reforma "es un recorte más del Gobierno del PP que se ceba contra las personas más vulnerables".
