CÁDIZ, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha destacado la filosofía político-constitucional surgida a partir de 1812, al descansar en la idea de la justicia como un poder, un pilar específico y diferenciado de los poderes políticos, en la que subyacen la independencia de jueces y tribunales y la soberanía popular; una filosofía que Del Río reconoce en las "palabras" y "compromisos" que avanzó en su toma de posesión el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Con la conferencia titulada 'Una justicia efectiva e imparcial. Contribución al Bicentenario de 1812', con la que ha participado en una nueva edición del Foro de Cádiz, Lorenzo del Río ha puesto de manifiesto las bondades de la Carta Magna gaditana, asegurando que "no es entendible la España de hoy sin el precedente de 1812: una Constitución y un Tribunal Supremo en defensa de una justicia para todos los ciudadanos".

Según ha expuesto Del Río, esa justicia debe administrarse de forma "imparcial" y "sin excesivas dilaciones" o, al menos, ese es el ideal que se pretende aunque España, añade, "no se encuentra próxima a ese ideal, sino que más bien sucede lo contrario: la justicia se percibe por el ciudadano como lenta, anticuada y politizada". De ahí, que aboga por la necesidad de invertir esa percepción, algo que ya pasó también hace 200 años.

Así, el presidente del TSJA ha subrayado los dos principios esenciales que surgieron de la filosofía político-constitucional que surgió a partir de 1812: independencia de jueces y tribunales y soberanía popular; de forma que la justicia queda así legitimada democráticamente y, por lo tanto, "hay que implicarse en la eficacia, atributo del servicio público".

En este punto, Del Río ha puesto de manifiesto los "compromisos" avanzados por el ministro de Justicia, "que enlazan doscientos años después con igual filosofía: que la justicia sea uno de los mejores servicios o su carácter decisivo para elevar la credibilidad de España y ofrecer una imagen de país eficaz, riguroso y avanzado".

Aquí, ha insistido en la idea de la "imperiosa" necesidad de realizar un cambio estructural "en profundidad y nuevas formas de gestión" de la justicia, una aspiración que se "agudiza" en tiempos de crisis, al aumentar, en primer lugar, la carga de trabajo por el aumento de la litigiosidad que ha venido produciéndose desde el año 2007 "de manera vertiginosa"; y en segundo lugar, porque el propio Estado "ve limitada su capacidad de reacción antes este aumento y el menor presupuesto para enfrentarlo".

1.300 EUROS POR PROCEDIMIENTO

Según los datos que ha avanzado Del Río, los costes directos del funcionamiento de la justicia podrían rondar los 1.300 euros por procedimiento. En el ámbito territorial andaluz, cada nuevo juzgado tiene un coste medio unitario cercano a los 500.000 euros al año, el gasto por correo sobrepasa la cifra de diez millones de euros, el presupuesto anual destinado para justicia gratuita supuso más de 40 millones de euros en concepto de abogados y procuradores, mientras que el pago por jueces sustitutos o magistrados suplentes supera los cuatro millones de euros anuales.

Por ello, Del Río concluye que la justicia "en tiempo" podría constituir un "importante factor dinamizador de la economía nacional"; aunque a continuación, repasa los "déficits históricos que lastra la justicia para su incorporación a la modernidad".

En este sentido, aboga en su discurso por realizar una transformación tecnológica y organizativa-funcional; así como por "racionalizar" el volumen de entrada de asuntos, para tender hacia una "justicia sostenible". Asimismo, apuesta por educar a la sociedad en su uso "racional", máxime cuando la tasa de litigiosidad en España es "con creces, mucho mayor que los países avanzados de nuestro entorno".

Por otro lado, el presidente del TSJA ha puesto de manifiesto la importancia de una judicatura "fuerte e independiente", funcional y orgánicamente, reconocida en las Constituciones.

"Hace 200 años quedó fijado el rumbo: separación de poderes e independencia del poder judicial en su conjunto, tanto de la función jurisdiccional 'estrictu sensu' --o parcela interna del juez cando dicta sus resoluciones--, como del bloque de la organización judicial", ha concluido Del Río.