CÁRTAMA (MÁLAGA), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento del municipio malagueño de Cártama se ha visto obligado a aplazar la demolición, prevista para hoy, de una casa construida de forma ilegal en el paraje Dehesa Alta, al no permitir los propietarios el acceso a la parcela de los operarios hasta contar con una autorización judicial de entrada a domicilio.
El Consistorio tenía previsto llevar a cabo hoy, de forma subsidiaria y en cumplimiento de una orden judicial, la demolición de esta casa, de 128 metros cuadrados, que se encuentra en suelo no urbanizable de protección especial y que no es compatible con la ordenación vigente.
El concejal de Urbanismo, Jorge Gallardo, explicó a Europa Press que sobre las 09.00 horas de hoy se personó en el lugar, junto con un fontanero, un electricista, el encargado de Servicios Operativos del Ayuntamiento, un técnico de Disciplina Urbanística, agentes de la Policía Local y el encargado de la empresa de demolición.
Al llegar, se encontraron con un grupo de unas 30 personas, entre ellas los propietarios de la vivienda, una pareja mayor; su abogada; familiares, y otros vecinos, que estaban delante del portón de la parcela, impidiéndoles la entrada.
Ante esta situación, el Ayuntamiento remitió hoy mismo al juzgado el intento de hacer la demolición, así como la petición de entrada al domicilio, tal y como informó Gallardo, quien estimó que el derribo no se podrá llevar a cabo hasta al menos finales de septiembre, teniendo en cuenta que la actividad de los juzgados baja en agosto.
INICIO EN 1997
El expediente administrativo de esta vivienda se inició en 1997 y en esa misma fecha el Ayuntamiento lo remitió al juzgado por un presunto delito contra la ordenación del territorio. En 1999 se dictó sentencia, acordando la demolición de esta edificación.
Desde esa fecha y hasta 2006, los propietarios de la vivienda han ido recurriendo la sentencia, según relató el concejal, quien apuntó que ese mismo año el juzgado volvió a reiterar la necesidad de la demolición.
De nuevo, en febrero de 2008 llegó un escrito del juzgado exigiendo el cumplimiento de esta sentencia de demolición, con apercibimiento al Ayuntamiento de que si no se cumplía, podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 556 del Código Penal.
Se volvió a presentar un recurso de reposición por parte de los propietarios en el Ayuntamiento, que contestó ordenando la restitución de la legalidad urbanística vulnerada mediante la demolición de las obras realizadas en un plazo máximo de dos meses de forma voluntaria por los interesados, y de nuevo los dueños presentaron un recurso en el juzgado, que fue desestimado.
El pasado mes de diciembre el juzgado volvió a dictar un auto confirmando la demolición y en febrero de este año se recibió de nuevo oficio del juzgado ordenando el derribo, en este caso, de forma subsidiaria por parte del Ayuntamiento.
Ante esta situación, los propietarios de la vivienda presentaron un escrito ante el juzgado pidiendo el indulto de la pena y la suspensión de la demolición. No obstante, el pasado junio se dictó un auto diciendo que no se suspendía el derribo y que se debía proceder a la demolición en un plazo de 30 días.
"En este auto se volvió a apercibir al Ayuntamiento de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad si no se llevaba a cabo la demolición", aseguró el concejal cartameño.
El responsable municipal de Urbanismo señaló que el Ayuntamiento de Cártama, administración que, como subrayó, "debe cumplir lo que establece la ley y las sentencias emitidas por los juzgados", ha iniciado unos 3.000 expedientes de viviendas irregulares en el campo.
