La entidad amplía la denuncia presentada la semana pasada para hacer frente a "la campaña de injurias y calumnias"
BENALMÁDENA (MÁLAGA), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) ha iniciado el expediente de reintegro para reclamar a la Asociación Comedor Social un total de 262.566,87 euros, cuyo gasto, según el informe de fiscalización elaborado por el Área de Intervención, no ha sido justificado en relación con las subvenciones públicas otorgadas a la entidad con objeto de cubrir las necesidades alimenticias de aquellas familias del municipio que sufren una situación de precariedad económica.
El Consistorio remitirá también al Tribunal de Cuentas las conclusiones del proceso de control financiero, que, una vez culminado, establecen que no ha quedado debidamente acreditado el destino final de la citada cuantía, para cuya recuperación la Administración local ejercerá las acciones legales que sean oportunas.
Por otra parte, la alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez (PP), gestiona ya con distintos colectivos benéficos la firma de acuerdos para atender a las familias en situación de vulnerabilidad y emergencia social.
Alguno de estos convenios podría suscribirse en los próximos días con el fin de prestar de manera inmediata el servicio de comedor social y velar por los intereses de los más desfavorecidos.
El Gobierno municipal presidido por García Gálvez ya hizo público la pasada semana que el único objeto del proceso de fiscalización era "cumplir con la legalidad vigente, defender el dinero de los contribuyentes y proteger a los vecinos que sufren una situación de necesidad".
Para el Ejecutivo local, "la transparencia y la rigurosidad deben regir todas las acciones de la Administración pública, mucho más si cabe en aquellos procesos relacionados con políticas sociales que pueden afectar a familias que padecen una situación de necesidad".
ASOCIACIÓN
Por su parte, la Asociación Comedor Social de Benalmádena ha presentado este martes ante el juzgado de guardia de Torremolinos (Málaga) una ampliación y complemento al escrito de la denuncia que realizó el pasado miércoles, adjuntando la memoria económica de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, incluidos los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias y los libros de contabilidad de esos tres años.
"Debemos tener en cuenta que esta contabilidad nunca fue solicitada por el interventor, el tesorero o los técnicos municipales de Economía y Hacienda", han precisado en un comunicado, al tiempo que han criticado "la campaña de injurias y calumnias que se está realizando sobre las cuentas del comedor social". A su juicio, detrás de esta polémica "sólo hay razones políticas ante las próximas elecciones municipales".
Así, han añadido desde la dirección de la entidad, "la asociación ha presentado datos económicos suficientes para que la justicia verifique y nos dé la razón ante este abuso de poder que se está llevando a cabo, ya que vemos cómo se ha puesto en marcha una estrategia de acoso y derribo".
Más aún, han indicado que, "ante el escenario de indefensión frente al poder fáctico municipal, recurrimos a instancias judiciales buscando el amparo que no se puede encontrar en ningún otro ámbito social". "Al depositar los estados financieros y los libros de contabilidad en el juzgado --han resaltado--, cumplimos la transparencia que se nos puede exigir, y con la solicitud al juez de que nombre perito independiente que la revise, se pide que sea alguien fiable que dirima las alegaciones del interventor".
Este comedor social está gestionado por una asociación sin ánimo de lucro que lleva ya tres años de gestión, habiendo afrontado con una subvención municipal de 324.000 euros más de 280.000 servicios de comida, así como los gastos correspondientes de alquiler, luz, agua, sueldos de cocineros y técnicos de apoyo escolar y alfabetización, entre otros.
"Con estas cifras tan ajustadas y una simple operación aritmética se puede comprobar que no existe la posibilidad de desvío de las subvenciones recibidas y permite alejar cualquier sombra de duda", han defendido desde la asociación.
La Asociación Comedor Social de Benalmádena ya denunció ante los tribunales a la alcaldesa y al interventor municipal, Javier Gutiérrez, como presuntos autores de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La concejala independiente de Benalmádena, Encarnación Cortés, apoyada por el Partido X, denunció en 2013 presuntas irregularidades, reclamando en el pleno de diciembre de ese año la apertura de una investigación sobre las cuentas del comedor, en el que ostentan "una responsabilidad directa" el hermano y el cuñado del actual primer teniente de alcalde y edil de Bienestar Social, Francisco Salido (UCB).
