MÁLAGA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) ha anunciado este domingo que interpondrá un recurso contra el decreto de regularización de viviendas en suelo no urbanizable, que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En un comunicado, esta asociación ha considerado que el mencionado decreto "es una auténtica chapuza jurídica que plantea más incertidumbres que seguridad para todos los afectados, ya sean los potenciales beneficiarios o los defensores del medio ambiente".
Según explica el presidente de GENA, Rafael Yus Ramos, el decreto establece una ordenación "indiscriminada" de las viviendas en suelo no urbanizable, que en la LOUA se limita exclusivamente a las vinculadas a la actividad agrícola, ganadera y forestal, por lo que considera "que una norma de rango inferior a la ley contradiga lo que se regula mediante una ley es jurídicamente inadmisible". Y es que, para que sea posible, "el contenido del decreto se tendría que haber aprobado como ley, o como una nueva redacción de la LOUA".
De la misma manera, considera que el decreto "está obviando normas que establece unas normas de rango superior", ya que, según explica, el decreto solo excluye de la regularización las viviendas que se encuentran en suelos protegidos o sometidos a prevención por riesgos geológicos, y no incluye "nada sobre las normas que establece el POT de la Axarquía para la protección del paisaje".
De hecho, prosigue, por el número de viviendas que la Junta ha incluido como regularizables para la Axarquía "es evidente que no ha excluido estas viviendas y las que se encuentran en laderas de más del 30 por ciento de pendiente". "El POT es una derivación de la ley del suelo (LOUA)", recuerda.
Para Yus, este decreto también obvia el hecho de que este tipo de construcciones se considera un delito contra la ordenación del territorio según el Código Penal "por lo que planteamos que este decreto, con carácter administrativo, no puede eliminar el carácter de delito previsto en un Código de Justicia".
Si bien, para eliminar este delito tendría que hacerse mediante una amnistía con todas las de la ley, "no mediante un decreto que encubiertamente lo pretenda". Por ello, "este hecho nos conduce a considerar una escalada de denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga, para todas las viviendas que, pretendiendo ser regularizadas ahora, se hayan construido antes de prescribir el delito".
