MÁLAGA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, subrayó hoy, tras la suspensión por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital y su devolución al Ayuntamiento, que la Junta ha de respetar la legalidad, por lo que "la negociación no cabe" respecto a las deficiencias detectadas en el planeamiento.
Gámez indicó, en este sentido, que "la Junta de Andalucía debe preservar la legalidad; los informes vinculantes tienen esa naturaleza por una razón, ya que es competencia autonómica y difícilmente es discutible".
Por su parte, señaló que "le hemos pedido al Ayuntamiento que corrija el documento" y éste "ha manifestado que está en disposición de hacerlo en un breve tiempo", por lo que "cuando tengamos la información, le daremos el visto bueno".
La representante del Ejecutivo autonómico comentó que "el listado de incumplimiento es demasiado amplio, por lo que vamos a pedir al Ayuntamiento que rectifique y que mejore el documento para que se ajuste a la legalidad".
APROBACIÓN DEFINITIVA
Asimismo, declaró a los periodistas que "muchas de las cuestiones son salvables, aunque habrá otras que no". No obstante, precisó que "con el mayor número de subsanaciones se podrá aprobar definitivamente el documento".
Gámez valoró "la primera disposición" mostrada por el Consistorio malagueño para corregir las deficiencias a las que aludía la Cotua, aunque, como añadió, "tenemos que estar al tanto de lo que, finalmente, efectúe".
Respecto a la insistencia del Ayuntamiento en seguir defendiendo cuestiones que, a su juicio, responden a criterios como la autonomía municipal, tales como el proyecto previsto en Arraijanal, la construcción al norte de la ronda o el puerto de El Morlaco, contemplando, incluso, la posibilidad de recurrir a los tribunales, Gámez afirmó que "respetaremos esa decisión cuando llegue el momento; ahora no es el momento".
