23 de agosto de 2019
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  • 15 de junio de 2014

    IU insta a la Diputación a asesorar a los municipios para garantizar un mínimo vital de agua potable

    IU insta a la Diputación a asesorar a los municipios para garantizar un mínimo vital de agua potable
    EUROPA PRESS

    MÁLAGA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

    El grupo de IU en la Diputación de Málaga propondrá que la entidad provincial promueva entre los municipios malagueños la adaptación de sus ordenanzas de abastecimiento de agua potable al cumplimiento del objetivo fijado por la ONU de garantizar un mínimo vital exento de 60 litros por persona y día, así como que ofrezca el asesoramiento necesario para ello.

    La coalición presentará en el pleno de este martes una moción en esta línea, a la vez que planteará instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a que realice los trámites oportunos para garantizar que el derecho humano de acceder al agua potable y disponer de un mínimo vital de 60 litros por habitante y día quede "perfectamente recogido" en la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía.

    El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció en 2010 de forma explícita el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales, dotando de carácter vinculante la resolución adoptada por la Asamblea General de esta organización en la que se formulaba que "el derecho humano al agua potable y el saneamiento es un factor esencial para la vida".

    En la Unión Europea se está experimentando una gran contestación en defensa del agua como derecho humano y de su gestión pública. La primera Iniciativa Ciudadana Europea ha tenido "un gran éxito", con más de 1.800.000 firmas, ha indicado a Europa Press la portavoz de IU en la Diputación, Antonia Morillas.

    Los procesos de remunicipalización en importantes ciudades de la UE --entre los que destaca el reciente ejemplo de París-- "están consiguiendo dejar en jaque a la privatización del agua en Europa y sacarla de la directiva comunitaria que regula las concesiones". "La batalla entre lo público y lo privado en este momento es crucial", ha subrayado.

    Este derecho debe conllevar las garantías necesarias para que cada individuo disponga de una cantidad de agua suficiente con la que satisfacer sus necesidades básicas. Según la ONU, debería fijarse en 60 litros por persona y día.

    "Esos 60 litros deben ser un mínimo vital exento, es decir, que cualquier persona debe tener a su disposición esa cantidad sin tener que pagar nada", tal y como ha precisado Morillas. En consecuencia, ha resaltado, "los estados y sus administraciones deben respetar, proteger y desarrollar este derecho, tomando las medidas necesarias para ello".

    Este derecho implica "disponibilidad, calidad y accesibilidad --también económica, lo que significa garantizar ese mínimo de agua con independencia de la situación de las personas--", ha señalado Morillas, precisando que "el coste de este primer tramo exento tiene encaje legal en la Directiva Marco del Agua, que no prohíbe la tarificación cero". Ha apostado por un sistema tarifario por tramos y progresivo para incentivar el ahorro y un uso eficiente.

    "Cada día son más los ciudadanos que están preocupados por la gestión del agua --ha alertado--, más aún cuando, aprovechando el actual contexto de crisis económica, muchos gobiernos e instituciones quieren favorecer aún más los procesos de privatización --en España ya alcanza el 50 por ciento--, en vez de asegurar que este recurso sea disfrutado por la ciudadanía".

    La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, la Asociación Estatal de Operadores Públicos de Agua o Ingenieros Sin Fronteras, entre otras asociaciones y colectivos, están impulsando campañas de adhesiones de los ayuntamientos a la Iniciativa Ciudadana a favor del agua como derecho humano fundamental, ha comentado la portavoz de IU en la entidad supramunicipal.

    "Mientras tanto --ha advertido--, el escenario de privatización se acelera y se agrava rápidamente, merced a las directivas de la UE y a la nueva Ley de Régimen Local impulsada por el Partido Popular, en virtud de la cual competencias municipales en materia de agua irán a parar a manos de las diputaciones para, de forma inmediata, ser repartidas entre empresas privadas".

    DERECHO HUMANO

    Morillas ha mostrado la oposición de su formación a "la consideración del agua como mera mercancía objeto de lucro por quienes la gestionan y la suministran, despreciando su carácter de derecho humano fundamental imprescindible para la vida".

    "La ONU dio rango de derecho humano esencial al disfrute del agua potable y del saneamiento y, por tanto, son necesarias políticas que hagan estos principios realidad ante el crecimiento de la pobreza, que está agudizando las diferencias sociales y situando a una parte importante de la población en posiciones de urgencia social", ha manifestado.

    Con independencia de las bonificaciones y criterios de justicia social que se puedan aplicar a las tarifas, para poner en práctica real el acceso al agua como derecho fundamental, a juicio de IU, es preciso que se fije un mínimo vital exento, al que cualquier persona pueda acceder sin tener que pagar nada.

    En este punto, Morillas ha hecho hincapié en que el impago del agua supone directamente un corte en el suministro. Además, el reenganche tiene un elevado coste, lo cual provoca "un círculo vicioso de injusticias y abusos, al que, lamentablemente, asistimos a diario en la actualidad".

    Los municipios de la provincia de Málaga, tanto aquellos que gestionan el servicio de abastecimiento de forma directa o mediante empresas públicas como aquellos que lo tienen privatizado, pueden avanzar en la consecución del objetivo de garantizar un mínimo vital exento de 60 litros por persona y día.

    Para ello, es preciso que realicen las modificaciones pertinentes en sus respectivas ordenanzas y los estudios oportunos de viabilidad económica del servicio o equilibrio de la concesión, según Morillas. Para este cometido, ha defendido que sería de gran utilidad la participación de la Diputación en virtud de sus competencias para la cooperación y asesoramiento técnico a los municipios.