MÁLAGA, 1 May. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida presentará una moción en la Comisión Informativa de Ciudadanía de la Diputación de Málaga instando al equipo de gobierno del PP a que exija a las entidades bancarias que operan en la provincia que pongan todas las VPO de las que son propietarias a disposición de los registros municipales de demandantes de viviendas para que puedan ser adjudicadas a personas necesitadas.
Según las labores de inspección de la Consejería de Fomento y Vivienda, se han detectado 185 inmuebles protegidos propiedad de la banca que se hallan inmovilizados y ocultos a los registros municipales, una situación que "vulnera la Ley para la Función Social de la Vivienda", según ha señalado a Europa Press la portavoz de IU en la Diputación, Antonia Morillas.
De ese total de viviendas, 17 se ubican en ocho localidades malagueñas. En concreto, cuatro se han detectado en Marbella, tres en Torremolinos, otras tres en Málaga, dos en Fuengirola, dos en Estepona, una en Antequera, otra en Ronda y una en Vélez-Málaga.
En cuanto a las entidades bancarias propietarias de estas viviendas, Morillas ha recordado que la gran mayoría, un total de 12, son del Banco Popular; el BBVA tiene la titularidad de dos; el Banco Santander, de otras dos, y la Unión de Créditos Inmobiliarios posee otra.
Por todo ello, en la moción se planteará que se realice un requerimiento concreto al Banco Popular, al Santander, al BBVA y a la Unión de Créditos Inmobiliarios para que estos pisos sean puestos inmediatamente a disposición de los respectivos registros de demandantes de viviendas protegidas.
SEGUIR CON LA LABOR DE INSPECCIÓN
De igual modo, se solicitará a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que continúe con su labor de inspección con el propósito de que todos los inmuebles protegidos propiedad de la banca cumplan con la función social que les otorga la legislación.
Tal y como ha resaltado IU, la Ley para la Función Social de la Vivienda establece, en la parte de su articulado que no ha sido objeto del recurso de inconstitucionalidad y que, por tanto, es de obligado cumplimiento, que las entidades financieras tienen que poner de forma inmediata los pisos protegidos de los que tengan la titularidad a disposición de los respectivos registros municipales.
"Negarse es incumplir la ley andaluza en materia de vivienda; además, mantener estos inmuebles inmovilizados en manos de los bancos supone privar de un derecho fundamental a familias con necesidad de una casa", ha indicado Morillas, quien ha hecho hincapié en que "el objetivo es garantizar el acceso de todas las personas a una vivienda digna y combatir la injusticia social de los desahucios".
