Ascienden a 25 los detenidos, 23 en la provincia de Málaga y otros dos en Córdoba
MADRID/MÁLAGA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La investigación policial que ha provocado la detención de 23 personas por su presunta implicación en una amplia trama de corrupción centrada en Estepona (Málaga) ha contado con la colaboración de dos personas conocedoras de gran parte de la estructura delictiva desarticulada, informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación. Esos dos colaboradores ocuparían puestos claves que les hacían conocedores de las corruptelas.
Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, están desarrollando un amplio dispositivo policial contra la corrupción urbanística en Estepona, en la que se han detenido hasta ahora a 25 personas, 23 de ellas en la provincia de Málaga y otras dos en la de Córdoba. Entre los arrestados están los principales responsables de la corporación municipal, técnicos, abogados y empresarios.
Según informaron desde la Dirección General de la Policía en un comunicado, la operación, que ha sido coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada, se extiende también a las provincias de Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián. En la capital vizcaína ha sido detenido un abogado y se han practicado dos registros, informaron a Europa Press fuentes policiales.
La operación, bautizada con el nombre de 'Astapa' por los investigadores, afecta a algunos miembros del Ayuntamiento de Estepona y a empresarios relacionados con ellos, a los que se vincula con delitos conectados con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales.
Hasta el momento entre los 23 arrestados están los principales responsables de la corporación municipal, como el alcalde, Antonio Barrientos; el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, la edil de Educación, María Victoria López; la concejala de Playas, Marisa Rodríguez Pino; técnicos, como el arquitecto Arturo Cebrián y el jefe de Gabinete, José Flores; abogados y empresarios. Además, también habría sido arrestado el concejal del Partido Estepona (PES) Manuel Reina.
38 REGISTROS DOMICILIARIOS.
Se están practicando 38 registros domiciliarios y societarios y también se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles, dirigidas a 22 registros de la propiedad, de 55 personas físicas y jurídicas, y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas.
Asimismo, se ha ordenado el bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros, dirigidos a 91 entidades, de 78 personas físicas y jurídicas. Los detenidos estarían implicados en la financiación irregular del Ayuntamiento, aunque la Fiscalía Anticorrupción también libró órdenes de detención por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Los agentes iniciaron esta mañana registros en el Ayuntamiento y en el edificio Puertosol, donde están las áreas de Hacienda y Urbanismo. Además, poco antes de las 14.00 horas, concluyó el registro en la casa del alcalde, que fue trasladado poco tiempo después a la Casa Consistorial para un nuevo registro.
En estas diligencias se investigan, según aseguraron a Europa Press fuentes fiscales, supuestas irregularidades urbanísticas, a través de licencias, convenios, recalificaciones o aprovechamientos urbanísticos, en las que estarían presuntamente implicados cargos políticos del Ayuntamiento, técnicos y empresarios.
Las fuentes aseguraron que el objeto de la investigación, que comenzó a finales de 2006, "no es nuevo" sino similar a lo que ocurre en otros lugares de la provincia malagueña, como Marbella, pero también en otras zonas de España. Señalaron que habrá que esperar para ver si el alcance es como el del caso 'Malaya', contra la corrupción marbellí.
El operativo surge del descubrimiento por parte de los investigadores de la presunta implicación de un miembro de equipo de Gobierno de la localidad en la trama de la 'Operación Malaya'. Esa averiguación provocó la apertura de una investigación apartada y dirigida por la Comisaría General de Policía Judicial desde Madrid, precisaron las fuentes consultadas.
