MÁLAGA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga ha absuelto a la ex parlamentaria andaluza de Los Verdes y abogada Inmaculada Gálvez acusada de un delito de resistencia a la autoridad por oponerse en diciembre de 2000 al desalojo emitido en un decreto del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) de la cafetería del Hogar del Jubilado de Las Chapas, en este municipio.
Gálvez acudió a dicha cafetería por "solidaridad" con Isabel Guerrero, persona que tenía la concesión del local. Ésta aconsejó al entonces jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo --imputado en el caso 'Malaya'--, que no ejecutara el desalojo pues había un procedimiento penal pendiente, a pesar de lo cual, el agente insistió, momento en el que ella le dijo que saldría una vez se hubiera tomado el café.
La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, declara probado que el responsable policial dio la orden a los agentes de sacar a todas las personas "cogiendo varios policías en volandas a la acusada hasta ponerla en la calle, echando al resto a empujones". Además, añade que no queda acreditado que la ex parlamentaria propinara una patada al jefe del Cuerpo.
El juez fundamenta la absolución en que "ninguno" de los agentes que comparecieron en el juicio oral llegó a concretar que la conducta de la acusada exigiera la utilización de la fuerza en la forma que lo hicieron, por lo que los hechos declarados probados "no pueden reputarse legalmente constitutivos del delito de resistencia".
REACCIÓN DESPROPORCIONADA DE LA POLICIA DE MARBELLA.
Es más, considera que la reacción de los agentes del orden "fue tan contundente y desproporcionada que su actuación, en los términos dichos, entraña una extralimitación de sus funciones que merece el calificativo de notoria por ser total y absolutamente innecesaria". En este punto, recuerda un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que también se pronunció al respecto, en el que se entendía "innecesaria" la utilización de la fuerza.
"No se aprecia en su conducta una verdadera intención de menoscabar el principio de autoridad", insiste el magistrado, quien apunta que esto mismo entendió el ministerio fiscal, que, a pesar de mantener la acusación contra la ex parlamentaria en las conclusiones definitivas del juicio, en un escrito de 2002 había solicitado el archivo de las actuaciones.
No obstante, no duda de que la acusada recriminó a los agentes su conducta "en términos verdaderamente duros", ya que señala que su presencia obedecía en parte a motivos políticos. Así, recuerda que en el juicio "no ocultó su actitud abiertamente crítica hacia la política y las prácticas del equipo de gobierno municipal de entonces".
Gálvez dijo en el juicio que se negó a que se llevara a cabo el desalojo, "dando argumentos jurídicos como diputada, abogada y ciudadana", incluso, según se señala en su declaración, mostró su carné como diputada; mientras que Del Pozo manifestó que al resistirse a la autoridad y como no había forma de expulsarla del recinto, tuvieron que "sacarla en volandas".
