MÁLAGA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga ha suspendido el juicio previsto para este miércoles día 13 contra el exalcalde de la localidad malagueña de Alcaucín José Manuel Martín Alba, para el que la Fiscalía solicita una pena de un año y nueve meses de prisión, al acusarlo de un delito urbanístico, en relación con la concesión de una licencia de obras.
Fuentes judiciales han indicado que la vista oral se ha suspendido porque uno de los testigos está enfermo y no podía acudir al juicio. Según las conclusiones provisionales del fiscal, el acusado, siendo alcalde, otorgó en mayo de 2005 la licencia para construir un almacén de aperos "sin seguir los requisitos que para la concesión de la misma exigía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)".
La acusación pública señala en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que el entonces regidor, condenado ya por el caso 'Arcos', contra las irregularidades urbanísticas en dicha localidad, concedió la licencia el mismo día que el particular la solicitó "y sin requerir los preceptivos informes técnicos ni jurídicos y con conocimiento de su necesariedad" para poder otorgarse este permiso.
Además, según el ministerio fiscal, las obras resultaron ser una vivienda residencial de una sola planta con una superficie de 110 metros cuadrados, construcción "ubicada en suelo clasificado como no urbanizable", sin que sean legalizables en aquel momento "al no estar justificado el cumplimiento de la necesidad de vivienda vinculada a un destino con fines agrícolas, forestales o ganaderos".
Así, no se adecua a la LOUA, dice el fiscal, "incumpliendo además la separación de linderos, ocupación y parcela mínima". Asimismo, tampoco puede ser legalizada como almacén de aperos "al no estar vinculada" a dicho destino relacionado con fines agrícolas. Actualmente, la parcela está dentro de zona de interés territorial de afección por el Potax, "siendo no urbanizable protegido".
Por estos hechos, la Fiscalía acusa a Martín Alba de un delito contra la ordenación del territorio, solicitando la pena de un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años. Además, insta a declarar la nulidad de la licencia de obra concedida. La defensa, por su parte, pide la absolución.
El exregidor fue condenado en el caso 'Arcos' por un delito continuado de prevaricación urbanística y tráfico de influencias, y por otro de falsedad en documento oficial a 17 meses de prisión y siete años y siete meses de inhabilitación para empleo o cargo público. Su defensa ya anunció que recurre dicha resolución ante el Tribunal Supremo.
