MÁLAGA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha solicitado un año de prisión para el ex alcalde de Benalmádena (Málaga) Enrique Bolín por conceder licencia de obra para una vivienda unifamiliar a pesar de tener un informe técnico desfavorable por no adecuarse el proyecto a las normativas urbanísticas vigentes. Posteriormente, autorizó la modificación del permiso para permitir una ampliación que presuntamente tampoco estaba permitida.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, en mayo de 2004 un particular solicitó al Consistorio la concesión de una licencia para construir una casa en una zona conocida como 'El Cerro'. Para este otorgamiento, dice el escrito, era necesario un informe jurídico y técnico sobre la adecuación a los parámetros urbanísticos del municipio y determinado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Así, el informe técnico "fue emitido en sentido desfavorable", según la calificación inicial del ministerio público, a la que tuvo acceso Europa Press, "al incumplirse las previsiones" de uno de los artículos del Plan General, que fijaba la altura reguladora en la fachada principal y lateral derecha, de forma que el máximo de plantas permitidas "eran dos", mientras que las proyectadas eran tres.
"A pesar de ello, el acusado, entonces presidente de la Corporación municipal, conociendo la disparidad y contrariedad entre lo que se pretendía edificar y la normativa urbanística", dictó, "asumiendo las consecuencias", un decreto otorgando la licencia pedida, según indica la acusación.
Posteriormente, se presentó documentación para reformar la obra, en la que se pedía autorización para ampliar un casetón. Sobre esto, el arquitecto técnico municipal en abril de 2005 emitió de nuevo un informe desfavorable por la misma causa anterior y, además, por "incumplirse" otro artículo del planeamiento relativo a la utilización de estos casetones.
"De nuevo, el acusado, siendo reiteradamente instruido y advertido de la contrariedad urbanística de lo solicitado y ya aprobado", según el fiscal, otorgó licencia "aprobando la modificación de la originariamente otorgada y no precisamente para subsanar lo ilícitamente autorizado con anterioridad sino para permitir la indebida ampliación demandada".
En este sentido, se indica que "la actuación parcial, infundada e improcedente del máximo edil del Ayuntamiento de Benalmádena no cesó hasta ultimarse la edificación antiurbanística", cuando se formuló informe desfavorable del técnico municipal de infraestructuras sobre la concesión de la licencia de primera ocupación, "concediéndola" en diciembre de 2006.
Según la acusación, la otorgó "siendo sabedor de que la misma no podía concederse por no reunir lo construido los presupuestos exigibles para tal autorización". El fiscal señala que se trata de delito contra la ordenación del territorio, por el que pide, además del año de prisión, una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años.
