La Junta quiere comprar los derechos mineros a las empresas que operan en la zona
GRANADA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
Dos asociaciones ecologistas han denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente la desecación "progresiva" del humedal de Padul (Granada) por parte de varias empresas extractoras de turba que operan sin "permiso municipal" en este paraje localizado dentro del Parque Natural de Sierra Nevada.
La denuncia parte de la Agrupación Granadina de Naturalistas y de Ecologistas en Acción al considerar que estas empresas --las cuales extraen turba de este humedal para venderlo como abono-- han infringido la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Así, han solicitado a la Fiscalía que inicie un procedimiento judicial para esclarecer estos hechos y "se aplique con el máximo rigor en el seguimiento de estas graves infracciones".
Ambas asociaciones afirman que el humedal de Padul es "la mayor turbera de la Europa meridional" y el único de origen endorreico de Granada, aunque su importancia natural estriba principalmente "en la gran cantidad de aves que lo frecuentan, sobre todo acuáticas".
De hecho, está declarado Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Importancia Comunitaria, según la Directiva Europea, por lo que se equipara a las lagunas del Parque Nacional de Doñana o al de las Tablas de Daimiel.
COMPRA DE DERECHOS MINEROS
El delegado de Medio Ambiente de la Junta en Granada, Francisco Javier Aragón, reveló en su día a Europa Press que su departamento lleva "años" trabajando en este asunto, el cual se torna "complejo" porque estas empresas cuentan con "unos derechos mineros consolidados" que obtuvieron con anterioridad a la declaración de Sierra Nevada como Parque Natural.
De hecho, indica que el Gobierno andaluz está negociando la compra de sus derechos mineros para evitar las afecciones ambientales, aunque por el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo satisfactorio.
Asimismo, el delegado de Medio Ambiente aclara que su departamento "no ha mirado para otro lado" en ningún momento y tiene varios procesos abiertos para instar a las empresas a paralizar su actuación.
Por una parte, los agentes dependientes de la Delegación Provincial de Medio Ambiente se desplazaron el pasado 21 de julio a la zona y elaboraron una denuncia administrativa contra las empresas al que adjuntaron fotografías del estado del paraje. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Consejería de Medio y han provocado la apertura de un expediente que puede derivar en sanciones si se demuestran las afecciones.
Sin embargo, esta situación está al margen de los derechos adquiridos legalmente por estas empresas para desarrollar su actividad y por ello la Consejería de Medio Ambiente ha puesto los hechos en conocimiento de la de Economía, Innovación y Ciencia, que es la responsable de conceder este tipo de autorizaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento del Padul (Granada) mantiene un proceso legal paralelo basado en la inexistencia de licencia municipal para desarrollar los trabajos, aunque las empresas alegan que hace más de 30 años esta autorización no era preceptiva y ellas han renovado el resto de permisos que se requieren.
La Junta entiende que en este caso existe "un conflicto de intereses", los privados y los ambientales, y aunque tiene intención de continuar con todo el proceso administrativo confía en "su capacidad negociadora" para alcanzar un acuerdo satisfactorio, aunque se muestra consciente de que la operación ascendería a "varios millones de euros y el momento económico actual es complicado".
