JAÉN, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Medio Ambiente de Jaén sostiene que uno de los problemas "esenciales" es el "retraso y la dificultad" en llevar a cabo la ejecución de las sentencias condenatorias en las que bien por el juez de lo Penal o bien por la Audiencia Provincial se acuerda la demolición de "aquello que ha sido ilegalmente construido".
En la memoria de la Fiscalía del año 2009, consultada por Europa Press, se hace constar esta "dificultad" y se incide en el esfuerzo que realiza "para el cumplimiento de resoluciones judiciales que deben ser ejecutadas en términos razonables, máxime teniendo en cuenta la importancia medioambiental de algunas provincias de Andalucía, como ocurre en el caso de Jaén".
En lo que se refiere a los delitos contra la ordenación del territorio, destaca las cuatro sentencias condenatorias que han sido dictadas por la Audiencia Provincial de Jaén y en las que se condena a alcaldes de la provincia, "todas ellas con la conformidad de los acusados".
Estas sentencias condenatorias han recaído en cuatro procedimientos abreviados instruidos contra alcaldes que han sido condenados como autores responsables de delitos de prevaricación urbanística "por haber autorizado la construcción de una nave sobre suelo no urbanizable situado dentro del Parque Natural de Cazorla incumpliendo la normativa urbanística y medioambiental".
De igual modo, la memoria recoge que se condena a los cuatro promotores y constructores que habían ejecutado la promoción y construcción de las naves como autores responsables de un delito contra la ordenación del territorio.
Finalmente, alude al aumento de escritos de acusación formulados por el ministerio fiscal en procedimientos abreviados en los que aparecen acusados algunos alcaldes y concejales de municipios de la provincia y en los que se les acusa de la posible comisión de distintos delitos de prevaricación urbanística, en unos casos, y en otros delitos de omisión del deber de perseguir delitos o de ponerlos en conocimiento de la autoridad.
