SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha aprobado el Programa de Inspección Ambiental para este año 2018, que afectará a 304 instalaciones de las ochos provincias andaluzas que cuentan con Autorización Ambiental Integrada (AAI).
Se trata de una iniciativa que permitirá comprobar si los distintos sectores productivos cumplen los requisitos medioambientales, además de verificar su adecuación a la normativa ambiental, según informa la Consejería en una nota.
De las 600 industrias afectadas por la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), este año se inspeccionarán 304, de las que 110 se localizan en la provincia de Sevilla, 37 en Huelva, 34 en Jaén, 27 en Almería, 26 en Granada, 24 en Málaga, 24 en Córdoba y 22 en Cádiz.
Por sectores, 135 son industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas, 54 de gestión de residuos, 39 instalaciones minerales, 24 químicas, 27 de combustión, 19 de producción y transformación de metales, cuatro de consumo de disolventes orgánicos y uno de derivados de la madera.
Con este programa, publicado el 21 de marzo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se pretende continuar la implantación de un sistema de inspección ambiental, de acuerdo con la normativa vigente.
Desde la Junta destacan que las instalaciones que se va a controlar se han seleccionado en función de los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología de evaluación de riesgos ambientales.
Para la ejecución de las inspecciones de este trabajo, los técnicos de la Consejería cuentan con unidades móviles --de emisiones, inmisiones, de contaminación acústica y captadores difusivos--; así como de laboratorios de inspección, ensayo y calibración en las áreas de emisiones a la atmósfera, contaminación acústica, residuos, suelos y aguas, todos ellos acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
Para lograr la Autorización Ambiental Integrada, las empresas deben utilizar las mejores técnicas disponibles para evitar o minimizar las emisiones, según explica la Junta, que agrega que, de esta manera, las industrias que presentan algún tipo de deficiencia tras la inspección deben aplicar medidas correctoras para subsanarlas y cumplir con la normativa ambiental que le sea de aplicación.
