SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha aceptado por unanimidad de todos los partidos tomar en consideración una proposición de Ley del PP-A para establecer ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la Hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
La norma que ha presentado el PP-A, que cuenta con el criterio contrario del Consejo de Gobierno de la Junta, pide reconocer una ayuda por importe de 12.020,25 euros para las personas afectadas que estén incluidas en el censo definitivo previsto en el artículo 80 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y que residan en Andalucía a fecha 1 de enero de 2018 o que hubieran residido en Andalucía en la fecha de su fallecimiento.
En el caso de fallecimiento de estas personas podrían percibir la ayuda los hijos menores de edad y los mayores incapacitados, por partes iguales; en defecto de ellos, el cónyuge no separado legalmente o, en su caso, la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido de forma permanente.
En virtud de ley que plantea el PP-A, para acceder a la ayuda social será necesaria la renuncia previa al ejercicio de todo tipo de reclamaciones por contaminación por el virus de la hepatitis C contra cualquiera de las administraciones públicas sanitarias y centros sanitarios vinculados al Sistema Nacional de Salud, o los profesionales que presten servicios en ellas.
Y no podrán acceder a la ayuda social quienes hubieran obtenido una sentencia condenatoria contra cualquiera de las administraciones públicas sanitarias y centros sanitarios vinculados al Sistema Nacional de Salud por contagio del virus de la hepatitis C, ni quienes hayan percibido, por el mismo concepto, ayuda de otra comunidad autónoma.
En defensa de la iniciativa, la parlamentaria del PP-A Arancha Martín ha sostenido que sacar adelante esta iniciativa legislativa "es más que de justicia, es una cuestión de humanidad y de dignidad", toda vez que ha concretado que un total de 270 personas andaluzas siguen sin percibir ninguna ayuda porque la Junta "no ha sido capaz de articular ayudas que sí se han articulado para el resto de afectados de España".
Ha concretado que los andaluces, junto a los navarros, "pueden comprobar cómo, una vez más, somos españoles de segunda, de tercera o de cuarta" pues, ante el mismo problema, "todas las demás comunidades autónomas, de todos los signos políticos, han articulado una solución y han planteado ayudas sociales complementarias a las aprobadas en el 2002 por el Gobierno central".
"Es muy duro llevar una década esperando estas ayudas que sí tienen reconocidas otros enfermos en el resto de comunidades autónomas", ha agregado Martín.
PSOE-A VE "INÚTIL" LA INICIATIVA
Para posicionar al PSOE-A, el parlamentario Francisco José Vargas ha tachado de "innecesaria e inútil" esta proposición de ley del PP-A, con la que, a su juicio, los 'populares' andaluces vuelven a demostrar que "lo único que les interesa es confrontar y estar en desacuerdo con el Gobierno de Andalucía".
Y es que, según ha abundado, desde la asesoría jurídica de la Consejería de Salud se ha señalado que la mejor vía para el establecimiento de las ayudas sociales que plantea la iniciativa es mediante una disposición adicional en el Presupuesto general, y no con una proposición de ley que tiene "un proceso más largo", de ahí que el Grupo Socialista, aunque "puede coincidir con el contenido" de la iniciativa, rechace la vía elegida para la misma.
Juan Antonio Gil, parlamentario de Podemos Andalucía, ha criticado que la "excusa" que ha puesto sobre la mesa el Gobierno andaluz para emitir su criterio contrario a la norma del PP-A es "mezquina, ruin y poco creativa", y ha llamado a comprometerse para "resarcir el daño a estas familias que han acumulando la enfermedad con verse menospreciadas por el Ejecutivo" pues, como ha agregado, estas personas "tienen derecho a ser indemnizadas".
En nombre de Cs, la diputada Isabel Albás ha lamentado que este caso vuelve a poner de manifiesto "desigualdades" entre ciudadanos españoles, pues ni los andaluces ni los navarros han ejecutado las ayudas sociales, cuando se aprobaron en el 2002: "¿No han tenido tiempo suficiente?", ha reprochado al Ejecutivo andaluz, a quien ha afeado su "falta de voluntad política" en este caso.
Por último, por IULV-CA, Inmaculada Nieto ha considerado la propuesta del PP-A "muy oportuna" y espera que permita "desbloquear" la situación porque ya "no hay ninguna excusa que permita enjuagar" el retraso en esas ayudas "y que estas personas no tengan aún ese complemento" que, además, conlleva "un esfuerzo presupuestario pequeño".
