SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos de la enseñanza pública ANPE, CCOO, CSIF y UGT han convocado huelga el próximo día 4 de marzo como "medida de rechazo al nuevo decreto de escolarización que ha aprobado la Junta de Andalucía ignorando a la comunidad educativa" tras mantener en Sevilla este viernes una reunión de la Intersindical de Educación, y tras la cual se han reunido con el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, a quien "le hemos expresado nuestro rechazo a la mencionada norma y le hemos solicitado de forma unánime la retirada del mencionado artículo del decreto de escolarización".
CSIF había solicitado la reunión urgente de la intersindical y ha expresado en una nota su adhesión al paro al argumentar que se consigue "el frente común de acción sindical". CSIF ha estimado que el decreto de escolarización es un "ataque en toda regla a la enseñanza pública". "En CSIF defendemos que se mantenga el statu quo en las zonas de escolarización y no se vea atacada, una vez más, la enseñanza pública", ha argumentado.
En un comunicado conjunto de las cuatro organizaciones sindicales, han expresado su "rechazo" al decreto de escolarización al poner el acento en su aspecto más controvertido, que está recogido en el artículo 9.4 del decreto, que indica: "en los municipios o ámbitos territoriales en los que haya centros docentes públicos y privados concertados, las áreas de influencias para cada enseñanza se configurarán de forma que las familias tenga la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo".
La intersindical ha considerado que "con este artículo se suprimirán unidades públicas y, en consecuencia, personal docente", por lo que han argumentado que "ante la coincidencia de posturas en lo esencial, que es la defensa de la escuela pública, hemos acordado dicho paro orientado a revertir los ajustes aprobados por el Ejecutivo andaluz, que suponen un ataque en toda regla a la enseñanza pública".
"Tenemos la responsabilidad, como legítimos representantes de los trabajadores y trabajadoras de la educación pública, de defender sus intereses, de forma que no se pierda ni una sola unidad más en la escuela pública en nuestra comunidad", han manifestado en su comunicado.
