23 de noviembre de 2019
  • Viernes, 22 de Noviembre
  • 18 de octubre de 2019

    Asociaciones piden a la Junta que priorice "retos urgentes" en materia de agua por encima del pacto andaluz que promueve

    SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

    Los colectivos agrupados en la Mesa Social del Agua --Aeopas, Facua, CCOO, UGT, UPA, COAG, Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF, Fundación Savia y Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua-- han pedido a la Junta de Andalucía que "centre sus esfuerzos en los retos urgentes" que tiene la comunidad autónoma en materia de aguas por encima del pacto andaluz del agua que promueve el Gobierno autonómico.

    Así se lo han trasladado representantes de estos colectivos a la Junta en el marco de unas reuniones con el director general de Planificación y Recursos Hídricos de la Junta, Fernando Delgado, y el director general de Infraestructuras del Agua, Sergio Arjona, según han informado desde la Mesa Social en una nota.

    Por parte de estos colectivos se han comprometido a "estudiar en detalle" la propuesta de Pacto Andaluz por el Agua de la Junta, pero "temen" que este pacto, "al absorber energías y desviar recursos, dificulte desarrollar los retos urgentes que la política de aguas de Andalucía debe afrontar inmediatamente".

    En este sentido, las asociaciones solicitan "celeridad en todo el trabajo que dependa de la administración autonómica", como "afrontar de manera inmediata el comienzo de los trabajos del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027)".

    Al respecto, apuntan que los documentos iniciales de las demarcaciones andaluzas ya están en información pública, y las aportaciones de los colectivos y organizaciones implicados en la defensa del agua son "fundamentales para garantizar el control social de los planes hidrológicos".

    Desde la Mesa Social se señala que los planes "deben ser los verdaderos pactos, con objetivos medioambientales rigurosos, medidas específicas y dotaciones económicas que precisan este tipo de planificaciones".

    Además, las asociaciones han alertado de que no hay "avances en el cumplimiento de la normativa sobre depuración", y al respecto apuntan que la Junta "asumió la obligación de ejecutar más de 300 depuradoras de interés autonómico, pero el proceso ha sido lento y opaco".

    Así, "aunque se debe actualizar anualmente, el último resumen de cumplimiento del acuerdo data del 31 de diciembre de 2017", fecha hasta la que "se habían ejecutado 320 de 583 millones de euros recaudados", según la Mesa Social por el Agua, desde donde se señala "la necesidad de planificar y optar por la gestión pública --como lo han hecho comunidades como Galicia-- para hacer frente a este reto imprescindible para mejorar la calidad del agua, los propios acuíferos y con implicaciones económicas importantes".

    Andalucía es "la única comunidad española" que ha reconocido por ley el derecho humano al agua para garantizar un "mínimo vital" de suministro a las personas que carecen de recursos económicos. Ese derecho, según las asociaciones, está recogido en una disposición adicional de la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético, aprobada el pasado mes de octubre.

    Sin embargo, "el nuevo Gobierno de la Junta" de PP-A y Ciudadanos (Cs) "aún no ha dado ningún paso para llevarlo a la práctica", según la Mesa Social, desde donde reclaman que su aplicación sea "inmediata".

    REGLAMENTO DEL CICLO URBANO DEL AGUA

    Para estos colectivos, el ciclo urbano del agua requiere "mayor regulación; un marco que garantice un buen y justo servicio para el ciudadano", y en esa línea reclaman la aprobación del Reglamento del Ciclo Urbano del Agua de Andalucía, cuyo borrador ha incorporado, "fruto del trabajo colectivo desarrollado hasta el momento, importantes avances en esta materia y ha servido para articular un discurso social y ecointegrador del derecho humano al agua".

    La Mesa también ha reiterado su "apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales agrarias que contribuyen al equilibrio territorial, el asentamiento de la población rural y el relevo generacional, y la denuncia de los procesos de crecimiento abusivos y especulativos".

    Además, las organizaciones que componen la Mesa Social señalan que "la situación de deterioro de los recursos hídricos, la creciente demanda por el incremento de superficies de regadío y la urgencia en la adaptación al cambio climático exigen abordar el reto de la transición hidrológica, que debe ser uno de los elementos claves de los mensajes y las acciones de la Junta de Andalucía".