SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzga a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha rechazado la petición realizada por la acusación popular que ejerce el PP-A para que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, declarase como testigo en el juicio.
En un auto dictado este lunes 22 de enero, consultado por Europa Press, el tribunal considera que "no procede admitir" la declaración como testigo de Susana Díaz "al no justificarse mínimamente la relevancia que pueda tener dicha testifical en relación con los hechos a enjuiciar en la presente causa".
Según los magistrados de la Sección Primera, el "argumento esgrimido" por la representación legal del PP-A durante el juicio en relación a las "manifestaciones públicas realizadas" por Susana Díaz sobre "los hechos aquí enjuiciados no la convierte en testigo relevante de los mismos". Sobre esta petición, el Ministerio Fiscal y las defensas de los acusados ya manifestaron su oposición durante el juicio.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, de otro lado, sí considera pertinentes el resto de pruebas propuestas por la acusación particular del PP-A, que también solicitaba la declaración en el juicio del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y de la senadora del PSOE y exconsejera andaluza de la Presidencia, Mar Moreno.
La acusación del PP-A basó estas dos solicitudes en el "amplio conocimiento" demostrado respecto al asunto de Mar Moreno, quien figuró tiempo atrás como imputada ante el Tribunal Supremo por los hechos en cuestión; y de Jiménez Barrios, porque como alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), el Ayuntamiento que encabezaba fue beneficiario de una de las ayudas concedidas en el marco del procedimiento investigado.
En el citado auto, la Sección Primera, aplicando doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, señala que las pruebas propuestas al inicio del juicio pueden practicarse en el acto del plenario, "no van a suponer ningún entorpecimiento ni dilación de la causa, y no constituyen un obstáculo a los principios de contradicción e igualdad en garantía de la interdicción de toda indefensión, pues las demás partes pudieron proponer, en su caso, nuevas pruebas".
En este sentido, añade que la procedencia de la admisión de las mismas ha de ser analizada "con arreglo a los criterios generales de pertinencia, utilidad y necesidad". Por ello, el tribunal, presidido por el juez Juan Antonio Calle Peña, considera "pertinentes" las pruebas propuestas, salvo algunas excepciones, como la ya citada de la testifical de Susana Díaz.
DECLARARÁ SOLEDAD CORDOVA Y NO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO
La Audiencia "no admite" la testifical, solicitada por el abogado del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, de los funcionarios del Ministerio de Trabajo que han intervenido en la elaboración de las normas que regulaban el Real Decreto de 2013 --que derogaba la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre las ayudas sociolaborales-- y el Real Decreto de 2014 --que derogaba la Orden Ministerial de 5 de octubre de 1994 que regulaba la concesión de ayudas previas a la jubilación-- para que "puedan ilustrar sobre la naturaleza, alcance e intención de las mismas". Según el auto, la interpretación de las normas es "una cuestión netamente jurídica que corresponde a los jueces y tribunales, sin el auxilio de testigos".
Por contra, sí estima la solicitud de la defensa del exconsejero de Empleo José Antonio Viera para que declare como testigo la que fuese directora general de Trabajo del Ministerio durante la etapa de José María Aznar como presidente Soledad Cordova Garrido, investigada en la pieza sobre la Faja Pirítica de Huelva.
Respecto a la testifical de los letrados del Gabinete Jurídico de la Junta Ignacio Carrasco y María Victoria Gálvez, propuesta por la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, el tribunal requiere a dicha defensa, que ejerce el abogado José María Mohedano, que manifieste el objeto de dicha testifical, impugnada por el fiscal en base a la condición que ostentan los dos letrados en representación procesal de la Junta en calidad de acusación particular en todas y cada una de las piezas separadas incoadas, incluida esta sobre el 'procedimiento específico', así como en el ramo principal desde su incoación.
SOLICITUDES DEL MINISTERIO FISCAL
De otro lado, el auto hace referencia a la solicitud del Ministerio Fiscal de incorporar a esta causa como documental el testimonio íntegro de todas las piezas separadas ya incoadas --104--, y las otras 170 ayudas que no cuentan con pieza incoada a día de hoy, así como la testifical de todas las personas que ya han prestado declaración en las mismas, en el caso de que tribunal entendiera que en seno de este procedimiento procede enjuiciar también todas y cada una de las ayudas individuales, cuestión previa planteada por la Fiscalía.
La Sección Primera considera que no procede aceptar esta solicitud, "sin perjuicio de que al tiempo de resolverse esta cuestión previa se acordará, en su caso, lo procedente".
En concreto, el Ministerio Público pidió a la sala un pronunciamiento expreso sobre "la delimitación objetiva" del procedimiento, planteando "devolver las actuaciones al Juzgado de Instrucción" para "acomodar" el procedimiento abreviado a los pronunciamientos de la Sección Séptima para que los encausados no puedan ser juzgados doblemente o, de otro lado, y con el fin de evitar la "indefensión" de los acusados, aclarar que el presente enjuiciamiento "sólo se refiere al diseño del denominado procedimiento específico" sin que se someta a este juicio cada ayuda sociolaboral o a empresa de forma individualizada.
De otro lado, el tribunal sí considera pertinente aceptar, entre otras testificales planteadas por la Fiscalía, la del exconsejero de Economía Antonio Ávila y de Francisco Trujillo Blanco, exchófer del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.
Por último, el tribunal acuerda, a petición de la Fiscalía, el traslado a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de la documentación aportadas por las partes, "no para que se realice un nuevo informe pericial, como se alega por la defensa de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, sino para que los peritos tengan conocimiento de la documental aportada al momento de ser interrogados sobre la misma en el juicio, y evitar dilaciones".
La Sección Primera, que juzga la pieza política de los ERE, retomará las sesiones el 12 de febrero con la resolución de las cuestiones previas planteadas por las partes, entre las que se encuentran, además de la del Ministerio Público citada anteriormente, la planteada por algunas de las defensas para que se declaren "nulas de pleno derecho" las actuaciones del magistrado Álvaro Martín como juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6; o la solicitud de la defensa de Martínez Aguayo para la modificación en el orden de práctica de las pruebas durante la vista oral, con el fin de que los acusados declaren después de los testigos y los peritos.
