26 de noviembre de 2020
20 de septiembre de 2020

El caso del inmigrante muerto en el tajo y abandonado en el centro de salud de Pozo Alcón (Jaén) pasa a Fiscalía

El caso del inmigrante muerto en el tajo y abandonado en el centro de salud de Pozo Alcón (Jaén) pasa a Fiscalía
El inmigrante falleció mientras trabajaba en el tajo - EUROPA PRESS - ARCHIVO

JAÉN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cazorla (Jaén) ha remitido a Fiscalía el informe de la Inspección de Trabajo sobre el caso del inmigrante temporero, de 31 años, cuyo cadáver fue abandonado en diciembre de 2019 el centro de salud de Pozo Alcón (Jaén), a donde supuestamente lo trasladó el dueño de la finca de aceituna en la que se encontraba trabajando el fallecido sin que tuviera contrato de trabajo ni documentación en regla.

Según han informado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tras ocho meses esperando el informe de la Inspección de Trabajo y después de reclamarlo en varias ocasiones, finalmente el pasado mes de agosto se recibió en la sede judicial. En el mismo, la Inspección de Trabajo concluía que no ha había habido incumplimientos vinculados a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que por tanto en lo ocurrido no había delito contra la seguridad e higiene en el trabajo.

La juez lo ha remitido a Fiscalía para que como Ministerio Público solicite lo que estime oportuno, lo que pasa por el archivo de las actuaciones o la continuación de las mismas por los delitos que considere oportunos. En este caso, según se ha indicado a Fiscalía desde Europa Press, lo que se tendrá que estudiar es si se pide la continuación de las actuaciones por un presunto delito relacionado con la imposición de condiciones ilegales de trabajo si se confirma que el fallecido se encontraba trabajando en el tajo sin contrato de trabajo y sin la documentación en regla.

El empresario, un vecino de Hinojares (Jaén) de 34 años, fue detenido por la Guardia Civil que le imputó inicialmente un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y que quedó en libertad a la espera de que lo llamara a declarar la responsable del juzgado. El juzgado todavía no le ha llamado a declarar a la espera de lo que decida la Fiscalía. En su momento, se tomó testimonio a los familiares del fallecido y se les hizo el ofrecimiento de acciones por si querían intervenir como parte en la causa, pero no lo han hecho hasta el momento.

Según la Guardia Civil, el suceso tuvo lugar el 14 de diciembre del pasado año cuando el propietario de una explotación olivarera en Pozo Alcón supuestamente abandonó en el centro de salud del municipio el cuerpo sin vida de un inmigrante, de nacionalidad marroquí, que falleció en su finca recogiendo aceituna.

Fue ese mismo sábado, 14 de diciembre, cuando el propietario de la explotación presuntamente llevó en su vehículo hasta el centro de salud de Pozo Alcón a dos hombres, uno de ellos, el fallecido.

En el centro de salud pidió una camilla para tumbar al que supuestamente necesitaba asistencia médica y abandonó el lugar. Fue el médico el que señaló que el paciente estaba fallecido y que su muerte no se había producido en el centro de salud sino que ya había llegado cadáver.

Tras dar aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil, los agentes se hicieron cargo del otro inmigrante que acompañaba al fallecido mientras ponía en marcha el dispositivo para localizar a la persona que los había llevado al centro de salud.

A falta de que concluya la investigación judicial, todo apunta a que el propietario de la finca los recogió de la calle esa misma mañana y se los llevó a trabajar en la recogida de aceituna. En el tajo, la víctima se desplomó y lo siguiente que se conoce es que el empresario supuestamente se deshizo del cadáver llevándolo al centro de salud.

Al evidenciarse la relación laboral y fallecimiento de la persona, se activó en su momento el protocolo de accidente laboral y se comunicó los hechos a la Inspección de Trabajo de Jaén. Una inspectora de trabajo se trasladó hasta la localidad de Pozo Alcón donde acompañada por la Guardia Civil se ha personó en la finca agraria para la elaboración del informe correspondiente que ha tardado ocho meses en llegar al juzgado.

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