SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE-A) ve el nuevo decreto de escolarización como "un avance en las libertades limitado y con efectos prácticos reducidos a determinadas zonas", mientras que la Federación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Enseñanza Privada (Fapyma) considera que la libertad de las familias para elegir centro docente "no puede suponer una amenaza para ningún centro educativo sea de naturaleza pública o privada".
Así, en un comunicado, CECE-A, que aglutina a 425 centros educativos asociados de todos los niveles y tipologías, considera que el nuevo decreto, "a pesar de contener mejoras, no rompe con la filosofía de las normativas anteriores", al tiempo que señala que la demanda social "ha quedado en el nuevo decreto limitada, ya que textualmente recoge que debe partir de la planificación que realice la Administración".
"Decir esto, es decir que la demanda social (prioridad de elección de centro educativo que una familia desee para la escolarización de sus hijos) queda sometida a la programación y planificación de los puestos que haga la Administración correspondiente", asegura, por lo que entiende que "es la Administración la que debe planificar atendiendo a las prioridades de la sociedad".
CECE aplaude la extensión de la vigencia de las listas de espera más allá de la terminación del proceso ordinario de escolarización, pero "consideramos que deberían estar vigentes durante el primer trimestre del curso y la norma lo restringe hasta el comienzo de las clases ordinarias", y respecto a la organización de la puntuación, la ven "oportuna", pues la agrupación de las familias y hermanos "era algo necesitado de solución".
También consideran "muy conveniente" el punto por escolarización temprana, "dado los beneficios y ventajas que supone esta escolarización para los alumnos", y apunta que el decreto "debe acompañarse de una política de atención de la demanda social en los conciertos educativos, especialmente en aquellas etapas donde la demanda supera la oferta".
"La libertad de elección no puede ser nunca una amenaza para ningún sector, todo lo contrario, debe ser un estímulo para mejorar y avanzar, y es un mandato constitucional la obligación que tienen las administraciones públicas de garantizar el ejercicio de los derechos, en este caso a las familias, cualquier avance en este sentido contará con nuestra aprobación siempre", concluye CECE.
FAPYMA: "ESPERÁBAMOS AVANZAR EN ZONAS ÚNICA DE ESCOLARIZACIÓN"
En este sentido, Fapyma también afirma que "la libertad de las familias para elegir centro docente no puede suponer una amenaza para ningún centro educativo sea de naturaleza pública o privada", al tiempo que califica de "muy tibio" el avance que supone el decreto, pues "la ampliación de zonas de escolarización para centros concertados es muy concreta y afecta a muy pocos centros en Andalucía".
"Nosotros esperábamos avanzar en zonas únicas de escolarización hecho este que no recoge en absoluto el nuevo decreto", manifiesta al respecto en un comunicado, para añadir que "es un acierto" la reorganización de los puntos, las prioridades recogidas y la puntuación por escolarización temprana.
Sobre la demanda, manifiesta que "ha quedado desdibujada por cuanto está sometida a la programación y no al revés", ya que es la Administración la que "debe programar los puestos escolares
atendiendo a la demanda social y no la demanda social acoplarse a lo ya planificado".
Cree que "hay muchas familias que siguen sin poder elegir centro conforme a sus convicciones pedagógicas, pues hay proyectos educativos que no van a ser concertados y debido a su situación
económica no pueden acceder a los mismos", y ve "un avance" que las listas de espera permanezcan vigentes hasta el comienzo de las
clases ordinarias, aunque recuerda que su petición iba dirigida a que estuviesen vigentes al menos durante el primer trimestre del curso.
Finalmente, Fapyma asegura que junto al decreto de escolarización están esperando la resolución de los conciertos para el próximo curso, pues "si no hay aumentos de unidades en los centros con demanda, todo quedará igual que con la anterior normativa". Ha recordado que Andalucía es una de las comunidades autónomas con
"más bajo índice de centros concertados de España: del 18% al 20%", lo que hace que el ejercicio del derecho a elegir "se vacíe de contenido".
