SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Plena inclusión Andalucía, federación andaluza que agrupa a 125 entidades que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual, ha enviado una carta al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para reclamar una adecuación de la orden de 19 de junio a la naturaleza de las actividades de los centros ocupacionales y los centros de día que atienden a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y que han reanudado su labor el 1 de julio tras permanecer cerrados desde la declaración del estado de alarma.
La orden mencionada determina el estricto cumplimiento de medidas que garanticen la distancia social y el uso de mascarillas en estos centros, y que son difíciles de adoptar dada la naturaleza de la prestación de apoyos a las personas con discapacidad intelectual, según ha informado en una nota.
Los servicios y apoyos que estos centros ofrecen a este colectivo no pueden ser tratados en ningún caso desde la perspectiva de la atención sanitaria, sino como un modelo de intervención social, ciudadana y de calidad de vida.
Plena inclusión Andalucía ha insistido en su escrito en que es preciso aclarar qué no son servicios sanitarios, y que los usuarios no pueden ser considerados población de riesgo, ya que no presentan más problemas de salud que el resto de la ciudadanía, sino que lo hacen en la misma proporción que ella.
En la carta dirigida a Aguirre se ha recordado que, como la propia legislación admite y regula, en estos centros se comparten instalaciones y se fomentan las relaciones interpersonales como una vía más hacia una mayor autonomía e inclusión social posibles.
En otras palabras, las disposiciones no contemplan la realidad de estos centros y de sus usuarios, muchos de los cuales no admitirán el uso de mascarillas, tanto en el transporte, como se exige, como en las instalaciones del centro, lo que tampoco podrá solucionarse a través de la imposición, puesto que son personas que precisan de apoyos intensos y permanentes y, en algunos casos, presentan también trastornos de conducta que dificultan aún más el seguimiento de estas medidas.
Otra realidad no contemplada tiene que ver con el cumplimiento de la distancia de seguridad, poco viable en los apoyos necesarios que se prestan a las personas usuarias de estos centros.
Plena inclusión Andalucía ha trasladado en su escrito al consejero la necesidad de que se tengan en cuenta las siguientes circunstancias y demandas: El hecho de que muchas instalaciones son compartidas por los centros ocupacionales, de día y los residenciales, por lo que es prácticamente imposible garantizar que no exista contacto físico entre los usuarios de los centros y las residencias.
La imposibilidad por las entidades sin ánimo de lucro de correr con los gastos de inversión que requieren las medidas exigidas, esto es, equipos de protección individuales y de limpieza e higienización de instalaciones.
La provisión de material preventivo por la Administración ha sido escasa e insuficiente, por lo que las entidades han tenido que adquirir estos medios de prevención por su propia cuenta, sin que aún se haya establecido cómo se compensará el coste que ha supuesto.
TEST A USUARIOS Y PROFESIONALES
La necesidad de que se hagan test a todos los usuarios y profesionales por parte de la sanidad pública y de manera periódica, así como el establecimiento de un canal ágil y eficaz de contacto inmediato con los sistemas sanitarios que resuelva cualquier duda, incidencia o riesgo.
"Dada la imposibilidad de establecer medidas que garanticen la ausencia de riesgos, muchas familias retrasarán la incorporación de sus familiares a estos centros", ha argumentado Plena inclusión Andalucía, que ha reclamado "el establecimiento de una nueva regulación que contemple estas decisiones sin que ello conlleve a la pérdida de la plaza o cualquier otro tipo de penalización".
Plena inclusión Andalucía ha asegurado que "las entidades titulares de los servicios no tendrán responsabilidad alguna en caso de posibles contagios por coronavirus, ya que pedimos la adopción de una postura que comprenda que el riesgo cero de contagio en estos centros es inviable dadas las circunstancias y características explicadas".
