28 de febrero de 2021
21 de enero de 2021

COAG llama "vendepatria" a Planas por la transición de la PAC, que "terminará por cargarse al agricultor profesional"

COAG llama "vendepatria" a Planas por la transición de la PAC, que "terminará por cargarse al agricultor profesional"
El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, en una imagen de 25 de febrero de 2020 durante una protesta. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS - ARCHIVO

Asaja se pregunta "dónde queda la cogobernanza en cuestiones agrarias"

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias COAG Andalucía y Asaja Andalucía han expresado este jueves su rechazo al borrador del Decreto para la transición de las ayudas de la PAC en los ejercicios 2021 y 2022 antes del nuevo periodo que se iniciaría en 2023.

El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, ha afirmado que "la convergencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, terminará por cargarse el modelo profesional de agricultura andaluz", al tiempo que ha calificado al ministro Planas como un "vendepatria porque traiciona al modelo social y profesional que debe defender".

El presidente de Asaja-Andalucía, Ricardo Serra, se ha preguntado "¿dónde queda el diálogo del que tanto presume el Gobierno de Sánchez?; ¿dónde queda la cogobernanza con las comunidades autónomas en cuestiones agrarias, que ha sido seña de identidad del MAPA desde la llegada de la democracia?", según han trasladado ambas organizaciones agroganaderas.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -COAG- de Andalucía, junto con los demás integrantes de la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía, ha manifestado su rechazo unánime al último borrador del Real Decreto de Transición presentado por el ministro Luis Planas, que se abordará en el Consejo de Ministros del próximo martes, 26 de enero, ha considerado que "si finalmente entra en vigor va a ser letal para el modelo de agricultura social que prevalece en Andalucía".

Miguel López ha asegurado que el Ministerio de Agricultura con su decreto de convergencia "arremete contra la economía agraria de Andalucía, contra un sistema productivo que distribuye riqueza, que genera el 90% del empleo agrario y que es el que fija población".

"Es inadmisible -ha dicho el secretario general de COAG Andalucía- que esta reforma vaya en contra de aquellas explotaciones que han hecho un mayor esfuerzo en inversiones para adaptar sus estructuras, ser más productivos y crear más empleo".

El decreto, ha descrito COAG, plantea una reforma brutal del actual sistema de convergencia, una convergencia casi total, del 80% de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto de la media, de forma inmediata, sin transitoriedad, y sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores.

Según el análisis de COAG Andalucía, la aplicación de esta propuesta conllevaría que, de un día para otro, aquellos agricultores con derechos de pago básico más elevados, por proceder de derechos especiales de ganadería (los que tienen menos base territorial) o por su mayor productividad al proceder de regadío frente a los que proceden del secano, sufrirían elevadas reducciones para acercar el valor de sus derechos a la media de su región, ignorando la diversidad productiva, la tipología de explotaciones, dimensión, y sin valorar la renta de cada uno de ellos.

En Andalucía, sólo el 3,5% de las explotaciones tiene más de 100 hectáreas y ocupan el 50% de la superficie agraria útil. El otro 50% está en manos del 96,5% de los agricultores andaluces, cuyas explotaciones tienen una extensión menor a 100 hectáreas.

Son precisamente estas explotaciones donde se desarrolla el regadío andaluz y la agricultura más profesional, más productiva, inversora y que da empleo a más del 90% de los trabajadores ocupados en el sector.

"Aunque el ministro afirme que Andalucía no va a perder recursos -ha sostenido Miguel López-, queriendo llevar el debate a un enfrentamiento político y debate entre comunidades, oculta lo que realmente va a hacer: que las ayudas se repartan entre los que más hectáreas tienen, entre los fondos de inversión y los mercados financieros, perjudicando así a los agricultores profesionales que son el verdadero motor socioeconómico del medio rural andaluz".

"No damos crédito -ha añadido el secretario general de COAG- a lo que pretende hacer con la agricultura andaluza este ministro, con una convergencia acelerada y profunda de los derechos de pago básico incluida, que es del todo inoportuna, injusta y gratuita (sin obligación por parte de la UE), que no va dirigida a fomentar la producción, ni el empleo, ni a luchar contra el despoblamiento, pues plantea una tasa plana que primará la superficie sobre la producción, provocando un efecto llamada a más fondos de inversión que acudirán a la caza de los bienes públicos: tierra, agua y apoyos de la PAC".

ASAJA: QUE EL MINISTERIO NO ADELANTE LOS TIEMPOS

El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, uno de los firmantes de la declaración de rechazo de la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía, de la que también forman parte UPA y Cooperativas Agroalimentarias, ha trasladado que "el sector agrario andaluz exige al Ministerio de Agricultura que no adelante los tiempos, que cumpla con las directrices de Bruselas y que modifique el último borrador del real decreto para garantizar que, en este periodo transitorio de dos años se siga aplicando el modelo de convergencia aún vigente, hasta que se llegue a un acuerdo con las comunidades autónomas".

Serra ha reclamado que el Ministerio de Agricultura actúe como se hizo en 2015, cuando se consensuó un sistema de convergencia parcial y progresivo para permitir una adaptación paulatina de las explotaciones.

Las organizaciones y cooperativas agrarias y la Consejería de Agricultura recuerdan que en septiembre del año pasado manifestaron su disconformidad a este "drástico cambio en el modelo de convergencia", que ya se recogía en el primer borrador del real decreto, al tiempo que desde Andalucía se plantearon modelos alternativos que evitasen perjuicios a los agricultores y ganaderos de la comunidad.

El texto final enviado a las comunidades mantiene "inalterado" la convergencia "acelerada y profunda" de los derechos de pago básico.

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