SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Consultivo de Andalucía ha recibido desde el año 2006 un total de 46 dictámenes relacionados con la puesta en marcha de los distintos metros andaluces. Sevilla, con 23 solicitudes, y Málaga, con 19, son las capitales que más consultas han planteado en relación a la implantación del nuevo transporte metropolitano, seguidas de Granada (3 consultas) y Jaén (1).
El contenido de estos dictámenes son en su mayoría (47,8%) responsabilidades patrimoniales, principalmente de negocios que alegaron pérdidas económicas y descenso de ventas a causa de las obras. A lo largo de estos doce años ha habido peticiones de indemnización por valor de 10.601.624 euros (Sevilla: 8.464.120 euros; Málaga: 1.066.008; Jaén: 915.613 euros y Granada: 155.883), aunque solo se pudo reconocer el
derecho de un negocio de Málaga a percibir 2.090 euros al romper una grúa de las obras el rótulo de la tienda.
Cafeterías, restaurantes, tiendas de delicatessen, de telefonía, de fotografía y una empresa de autobuses son algunos de los negocios que han iniciado en estos años el proceso para reclamar una indemnización. También ha habido dos comunidades de propietarios y una confederación de comercio que solicitaron el pago de daños por perjuicios en su fachada y por la bajada de ventas en negocios, respectivamente.
La dificultad a la hora de acreditar los daños por los que se reclama una indemnización tiene su base en la doctrina del Tribunal Supremo, quien sostiene que "la incomodidad o aumento en los costos de un actividad que se viene desarrollando no es suficiente para que surja la responsabilidad patrimonial", ya que "es precisa la conjunción de circunstancias que pongan de manifiesto la existencia del daño, la imputabilidad responsable y que éste no se corresponda con un actuar adecuado de la administración".
En el caso de las obras que revisten un interés general (como la puesta en marcha de un sistema público de transporte) se está ante cargas que los ciudadanos tienen el deber jurídico de soportar. Todo ello sin perjuicio de que puedan concurrir situaciones jurídicas individualizadas que entrañen un sacrificio excesivo y desigual para algún ciudadano, en cuyo caso sí constituiría una lesión indemnizable.
Así, el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad patrimonial por la pérdida de los accesos a un establecimiento solo procedería cuando se ha privado totalmente de aquéllos a un negocio, pero no cuando se produce una reordenación de dichos accesos con la finalidad de mejorar el trazado de la propia carretera y cuando la Administración orienta directamente su actividad a la satisfacción de intereses públicos colectivos.
Hay que tener también presente que una vez finalizadas las obras son los negocios y las viviendas que han soportado los inconvenientes de la obra los mayores beneficiarios por la cercanía de un transporte público que revaloriza viviendas y comercios.
Tras las responsabilidades patrimoniales han sido las modificaciones de contrato (13) las que han copado más dictámenes del Consejo Consultivo de Andalucía. Málaga ha sido la capital que más modificaciones de contrato ha planteado, con nueve expedientes, seguida de Sevilla, con tres, y Granada, con uno. De los nueve expedientes de Málaga, seis obtuvieron el visto bueno del Consejo Consultivo, mientras que tres se denegaron.
El órgano consultor recibió también dos modificaciones del planeamiento (una en Málaga y otra en Sevilla), cuatro revisiones de oficio (tres en Sevilla y una en Málaga), dos resoluciones de contrato (en Málaga) y tres consultas facultativas (dos en Sevilla y una en Málaga) en las que se planteaban cuestiones relacionadas con la fecha de terminación de la infraestructura en Sevilla y con la prórroga del plazo de ejecución de obras y puesta en servicio del tramo de Renfe a Juan XXIII y Héroe de Sostoa en Málaga.
