CORDOBA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba y la Policía Local cordobesa han paralizado las obras que se estaban ejecutando sin licencia para crear una nueva parcelación ilegal y que fueron detectadas en suelo protegido de la Sierra de Córdoba.
Según un comunicado remitido hoy a Europa Press, ha sido el presidente de la GMU, Andrés Ocaña (IU), quien firmó la orden de resolución para paralizar las actuaciones y la abstención de uso sobre un suelo ubicado junto a la parcelación El Jardinito.
Las actuaciones detectadas por agentes de la Policía Local consisten en la roturación y apertura de caminos, la excavación de zanjas, la instalación de tubos y cables para el suministro eléctrico y el abastecimiento de agua.
Por los hechos descritos, han sido denunciados tanto el propietario de la finca como el constructor como presuntos responsables de una infracción urbanística. La resolución firmada por el presidente de la GMU considera que las actuaciones tienen la clara finalidad de la ejecución de una parcelación urbanística para la venta del suelo.
Según resulta del acta de inspección elaborada por la Policía Local, dichas actuaciones han afectado a la vegetación autóctona de la zona, clasificada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo no urbanizable especialmente protegido por sus valores medioambientales, dentro del espacio catalogado Sierra de Córdoba.
La resolución afirma que los hechos descritos pueden constituir una infracción en materia de parcelación, edificación y uso del suelo de los artículos 214 y 225 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Instruido el respectivo procedimiento, dará lugar a una sanción de entre el 40 y el 80 por ciento del valor de los terrenos o del 200 al 300 por ciento del valor de las obras ejecutadas, con un mínimo sancionable de 3.000 euros.
Como medidas cautelares, y de forma inmediata para evitar mayor grado de agresión a un espacio protegido, la resolución ordena que se adopten las siguientes medidas cautelares: corte de caminos, cierre de zanjas y retirada o inutilización de las instalaciones de suministro eléctrico y abastecimiento de agua. Dichas medidas cautelares se podrán llevar a cabo con los medios que se estime convenientes, incluida la compulsión sobre las personas.
En el caso de que persista el incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar a sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días y cuantía de cada ocasión del diez por ciento del valor de las obras, con un mínimo de 600 euros. El incumplimiento sería comunicado al ministerio fiscal y podría dar lugar a una infracción muy grave sancionable con 6.000 euros.
La resolución derivará en un expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado, concediéndose a propietario y constructor un plazo de dos meses a partir de que se notifique la resolución para que legalice las actuaciones o proceda a reponer a su estado originario la realidad física alterada. En caso de que no se lleve a cabo ni una ni otra opción, podrán imponerse multas coercitivas. Del mismo modo, se le notifica que contra este acuerdo cabe recurso contencioso-administrativo.
