Ocaña (IU) afirma que el archivo "evidencia las mentiras de Hurtado (PSOE)", que acusó a la alcaldesa de permitir ilegalidades a Gómez
CORDOBA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba ha archivado la denuncia interpuesta por un particular contra la empresa Arenal 2000, al entender que no cometió delito al realizar obras sin licencia, o excediendo la concedida y en suelo calificado como no urbanizable, en su momento, en la antigua factoría lechera de Colecor y su entorno.
En el decreto de archivo, al que ha accedido Europa Press y que firma el fiscal jefe de la Audiencia de Córdoba, José Martín Caro, se afirma que "los hechos denunciados no revisten carácter de infracción penal", tal y como mantuvo el denunciante, quien imputaba al propietario de Arenal 2000, el joyero e industrial cordobés Rafael Gómez, la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y del patrimonio histórico artístico, en este último caso por el derribo de la torre de leche en polvo de Colecor, considerada como un "elemento arquitectónico de especial valor", según indicó el citado particular en su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que ésta derivó a la Fiscalía cordobesa.
Respecto al pretendido valor histórico de la torre de Colecor, el decreto del fiscal argumenta que "el elemento de supuesto valor artístico, histórico o monumental no se encuentra catalogado o reseñado en modo alguno" como para entender que se trata, desde el punto de vista penal, de un elemento "singularmente protegido", ya que requiere una designación "individualizada" de la que carece, "por lo que su alteración o derribo, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que se deriven de ello, no es susceptible del reproche penal".
Con respecto a los delitos contra la ordenación del territorio imputados, en base a la clasificación como 'no urbanizable' del suelo en el que se realizaron las obras, tanto en la antigua Colecor y su entorno (junto a la Carretera de Palma del Río), como en El Arenal de la Fuensanta, donde Arenal 2000 levantó la llamada 'Ciudad Deportiva' y cuya ejecución también se incluyó en la denuncia ahora archivada, el fiscal jefe de la Audiencia de Córdoba indica en su escrito que "el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 2001 propone sobre las citadas áreas la formulación de un Plan Especial sobre suelo no urbanizable" y "consta el desarrollo del Plan Especial de la Carretera de Palma del Río".
Dicho Plan, que fue aprobado ayer de forma definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, tuvo su origen, según recuerda Martín Caro, en "un documento de bases y estrategias, aprobado por el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) el 21 de julio de 2003", con el objetivo de desarrollar el citado Plan Especial, previendo "analizar la situación de usos y edificaciones existentes, firmando propuestas de ordenación de las mismas", y "procurar la nueva puesta en uso de zonas industriales históricas", como Colecor. Ello significa, a juicio del fiscal que "el mencionado Plan Especial legitima las actuaciones objeto de la denuncia".
A dicha conclusión llega Martín Caro a partir del estudio de la documentación aportada por el denunciante y por la GMU, que incluyó también los diversos expedientes sancionadores que ha abierto a Arenal 2000 por las irregularidades urbanísticas que cometió en el Arenal de la Fuensanta y en Colecor y su entorno, como el expediente sancionador relativo al movimiento de tierras y construcción de cuatro naves industriales junto a la antigua factoría lechera.
Para el fiscal jefe de la Audiencia cordobesa, dicha argumentación también es aplicable para la 'Ciudad Deportiva' de Rafael Gómez, pues el Plan Especial del Arenal, promovido por la empresa municipal Procórdoba y que, casualmente, también ayer aprobó de forma definitiva el Pleno municipal, legitima, desde el punto de vista penal, la actuación urbanística.
En su argumentación para justificar que no es aplicable en ninguno de los casos expuestos la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio, Martín Caro recurrió a la jurisprudencia para, "sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en que se haya podido incurrir por carecer de licencia o extralimitar la otorgada", defender "la inaplicabilidad del precepto penal cuando las obras, aun no autorizadas, son susceptibles de serlo a posteriori en función de los planes especiales y proyectos de actuación, como es el caso de las obras de las presentes diligencias, que revisten el carácter de legalizables y por ende autorizables en base al planeamiento".
REACCION MUNICIPAL
Por su parte y en declaraciones a Europa Press, el primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), dijo al conocer el decreto de archivo del fiscal que éste "ha dejado en evidencia las mentiras" del portavoz municipal del PSOE, Antonio Hurtado, quien acuso a la alcaldesa, Rosa Aguilar (IU), de permitir las supuestas ilegalidades urbanísticas de Rafael Gómez, lo cual dijo Hurtado en el Pleno que ayer aprobó, con los votos favorables del gobierno municipal de IU y del PP, y el voto en contra de los socialistas, el citado Plan Especial de la Carretera de Palma del Río.
Ocaña, que ayer mismo ya retó a Hurtado a que demostrase públicamente sus acusaciones o las retirase, consideró que el decreto de archivo hoy conocido "ha acabado, en 24 horas, con la estrategia de la demagogia y la mentira protagonizada en las últimas semanas por Hurtado y que ayer tuvo su punto culminante en el Pleno, pero hoy la Fiscalía, con su firme y bien pertrechada argumentación jurídica ha dejado en el lugar que le corresponde a quien ha pretendido obtener réditos políticos haciendo graves y falsas acusaciones sobre supuestos tratos de favor, algo en lo que los socialistas son el mejor ejemplo".
A este respecto, el también portavoz del gobierno municipal de IU y presidente de la GMU aseguró que "el mismo empresario al que supuestamente se le permiten irregularidades por el gobierno municipal de IU ha estado en primer fila en un mitin de Manuel Chaves, y se ha hecho fotos junto a él quien fuera portavoz municipal del PSOE, José Mellado, precisamente en la 'Ciudad Deportiva', y fue también éste mismo socialista quien, como candidato a la Alcaldía, montó su oficina electoral en un local sin licencia propiedad del mismo empresario, al que, por su parte, el gobierno municipal de IU ha abierto diversos expedientes sancionadores, como consta en el escrito de archivo del fiscal".
