SEVILLA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario onubense de Ciudadanos y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha considerado este sábado que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para movilizar los remanentes acumulados por las entidades locales merced a la Ley 2012 de Estabilidad Presupuestaria, un acuerdo de adhesión voluntaria por parte de los municipios, constituye "un ataque sin precedentes a la autonomía de los ayuntamientos".
El acuerdo, de adhesión voluntaria por parte de ayuntamientos y diputaciones, propone que tales entidades cedan sus remanentes de tesorería a la Administración General del Estado a modo de préstamo, tras lo cual se les realizará "un ingreso no financiero por un importe que se determinará con arreglo a un criterio proporcional en función de los recursos comprometidos por cada entidad", según el documento recogido por Europa Press.
"Este importe supondrá para cada entidad local, como mínimo, el 35% de los fondos aportados al préstamo y se incrementará hasta totalizar un importe de 5.000 millones de euros entre todas las entidades participantes, siempre que los compromisos hayan alcanzado dicha cantidad", especifica el texto, que precisa que este ingreso no financiero será transferido entre 2020 y 2022 a las entidades locales participantes y, de otro lado, en diez años a contar desde 2022 les será devuelta la cuantía completa cedida como préstamo a la Administración General del Estado, que se compromete a otros aspectos como dedicar 275 millones a compensar el déficit de los transportes colectivos municipales o no exigir el cumplimiento de la regla de gasto en 2020.
Frente a este acuerdo, en el que los socialistas esgrimen la necesidad de "desbloquear" los remanentes acumulados por las restricciones de la Ley de 2012 de Estabilidad Presupuestaria, Julio Díaz ha advertido de que mediante el mismo, se articula que "los ayuntamientos y diputaciones cedan su remanente general a cambio de un fondo equivalente al 35% de ese superávit, un asalto a las cajas de nuestros pueblos y ciudades", en el caso de las entidades locales que accedan a sumarse a este mecanismo.
CS ATISBA UNA "CONFISCACIÓN"
Díaz ha asegurado que, con esta medida voluntaria para los ayuntamientos y diputaciones, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "acaba de confiscar 28.000 millones de euros del ahorro de todos los españoles a nuestros pueblos y ciudades", unos 798 millones de euros de los 2.280 de superávit de los ayuntamientos y diputaciones andaluces.
Según Díaz, los ayuntamientos "habían logrado sanear sus cuentas y pagado a sus proveedores", toda vez que los mismos fueron sometidos en su momento a los rigores de la citada Ley de 2012 y al mecanismo estatal de pago a proveedores, que habilitaba préstamos bancarios para las administraciones al objeto de que saldasen facturas pendientes, a cambio de sacrificios en materia de gastos corrientes e inversiones mediante los conocidos planes de ajuste; y ahora, "querían gastar responsablemente" sus remanentes acumulados para "reactivar la economía y el empleo" mediante inversiones.
Asimismo, el parlamentario andaluz ha criticado que el "silencio" de Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A, que "calla ante la infrafinanciación autonómica con la que el Gobierno de Sánchez e Iglesias castiga a los andaluces y ante la desigualdad en el reparto de los fondos europeos perpetrado por Montero, ya que los socialistas saben que no nos van a llegar en igualdad con otros territorios de España, porque no se van a utilizar criterios objetivos como el volumen de población, PIB per cápita y tasa de desempleo"; y ante "esta tropelía, este asalto a la autonomía local en Andalucía".
"No alimente más el fantasma del agravio que sabe que le va a perseguir toda la vida", ha espetado Díaz a la expresidenta socialista de la Junta. Finalmente, el vicepresidente del Parlamento andaluz ha querido tranquilizar a los municipios defendiendo que "el Gobierno de Andalucía va a seguir aportando financiación extra para ayudarles a tomar las medidas de seguridad necesarias, para reactivar la economía y el empleo en los pueblos y ciudades andaluces".
