CÓRDOBA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CTA ha criticado este lunes que los 111 trabajadores de Laboratorios Pérez Giménez afectados por la suspensión temporal de sus contratados acordada por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, están teniendo "serias dificultades para poder cobrar la prestación por desempleo".
Ello se debe, según ha señalado CTA en un comunicado, a que "ni el juzgado, ni los administradores concursales han tenido en cuenta, durante la tramitación del expediente de regulación de empleo de carácter suspensivo de 111 de estos trabajadores, la obligación que tienen las empresas de realizar un certificado de lo que debieron cobrar durante los seis últimos meses, para tener derecho a la prestación por desempleo que exige el SEPE, porque así lo establece la legislación vigente".
La consecuencia de ello, según ha lamentado el sindicato, es que "los trabajadores que están solicitando el desempleo están siendo informados en las oficinas públicas de que la empresa no ha cumplimiento dicho requisito, cuestión que ya sucedió en el anterior expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter temporal".
Entre tanto, los 40 trabajadores restantes, que continúan estando en situación de alta, por no estar incluidos en el ERE temporal, "tampoco percibirán ningún tipo de prestación, ni retribución, puesto que la empresa no paga".
La situación de los trabajadores "es límite", según ha indicado CTA, porque "muchos de ellos llevan 25 meses sin ningún tipo de ingreso, teniendo que ser sustentados por familiares y amigos, sufriendo desahucios, cortes de luz, y no pudiendo atender necesidades elementales. Sin embargo, la sensibilidad de la Administración Concursal y del propio juzgado hacia esta situación cada vez brilla más por su ausencia".
De hecho, según ha precisado el sindicato, "el asunto de Pérez Giménez quedará aparcado en el Juzgado de lo Mercantil desde la fecha en que estamos hasta el mes de septiembre, puesto que su titular se encuentra de vacaciones", lo que implica que "la Administración de Justicia que no esta siendo capaz de dar una respuesta a la situación desesperada e injusta que viven estos trabajadores".
LA VENTA NO SE CIERRA
Por otro lado, el sindicato se ha referido al "peliculón de la venta de los laboratorios por parte de la Administración Concursal y el juzgado, que sigue con tremendos obstáculos, pues el periodo inicial para hacer efectivo el deposito de diez millones de euros en la cuenta del juzgado, de 45 días naturales desde la comunicación a la Administración Concursal del auto de adjudicación a la compañía Global Aeronautic, ya ha concluido y, una vez más, estamos ante otra compañía no ha puesto el dinero comprometido" y, además, "no ha tenido ningún tipo de contacto con los representantes de los trabajadores".
Ahora, según ha señalado CTA, el paso siguiente sería que "a finales de septiembre se abra una nueva subasta y puedan concurrir firmas como la rusa Krasfarma, la cual ha entregado un plan de viabilidad este lunes en el juzgado y esta pendiente de hacer efectivo el deposito de 1,2 millones de euros" correspondiente, comprometiéndose "a contar con 100 trabajadores, o que, por el contrario sea adjudicada directamente a Frutos Palma, de capital turco, la cual quedó como segunda opción en la subasta anterior", aunque también la Administración Concursal "puede solicitar una ampliación del plazo para Global Aeronautic".
Según el sindicato, "todo este procedimiento de fracaso absoluto para la venta de una empresa, que no entró en concurso por no ser rentable, sino por una mala administración, es el que permite la legislación concursal actual y que lleva al 99% de las empresas concursadas al cierre definitivo, al igual que ésta, aun siendo muy rentable".
Además, la sensación que tienen en CTA es la de que se permite "la absoluta impunidad a aquellos que cometen actos irregulares en la administración de empresas, como es el caso de Pérez Giménez, donde el Juzgado de lo Mercantil ha calificado como culpable la actuación de los tres equipos de administradores anteriores a la Administración Concursal, y decretó el embargo preventivo de más de once millones de euros, de los que tendrían que responder personalmente los anteriores administradores, pero la Audiencia Provincial ha levantado dicho embargo y, según las noticias que tiene este sindicato, la Administración Concursal no ha recurrido dicha sentencia".
Por otro lado, de seguir alargándose los plazos, "el deterioro de las instalaciones" de los laboratorios, "que no están teniendo mantenimiento", a lo que se pueden sumar "los problemas con la vigencia de las moléculas legalizadas para su producción", por lo que "dicho deterioro puede ser irreversible". Por eso CTA exige "una solución a este problema", pues "los trabajadores nos resistimos al cierre del laboratorio por incompetencia de los sucesivos gestores".
