Su antecesor en la Dirección General de Trabajo, Juan Márquez, apunta que la contratación de trabajadores era tarea de los jefes de servicios
SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ex director general de Trabajo Daniel Rivera ha señalado este martes que "no es común" contratar personal externo para trabajos que se realizan por funcionarios o personal laboral y se podría hacer "por una necesidad puntual, pero no durante cuatro o cinco años".
Así lo ha declarado en su interrogatorio como acusado el que fuera director general entre abril de 2010 y junio de 2012 en el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos tres ex directores generales --Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, además de Rivera--, y el dueño de Umax Informática y Consultoría por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a esta empresa por la contratación de 44 trabajadores que "pertenecían al círculo de amigos y familiares" de Guerrero.
Para la Fiscalía, todos los acusados "se pusieron de acuerdo con el fin de facilitar la contratación" de Umax, "a sabiendas de que no cumplía con los requisitos legislativos requeridos para la realización de dicha contratación, creando a partir del año 2003 una estructura administrativa de personal al margen de la relación de puestos de trabajo vigente en la Dirección General de Trabajo y en las delegaciones provinciales".
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los pagos derivados de este tipo de contratación "se realizaron bien acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o bien en expedientes de contratación menor en la que se giraban una serie de facturas por parte de la entidad Umax que correspondían a servicios inexistentes".
El personal contratado por Umax "prestó servicios para la antigua Consejería de Empleo, ejerciendo funciones en las sedes de varios órganos directivos y administrativos de la misma y realizando en algunos casos tareas que deberían haber sido efectuadas por personas integradas en la función pública de la Junta".
Ulpiano Cuadrado, dueño de Umax, presentó entre 2011 y 2012 tres escritos a Empleo reclamando 1,5 millones de euros por los trabajos realizados por sus empleados en la Dirección General de Trabajo entre 2007 y 2010, situación que fue trasladada a Rivera en un primer encuentro tras su llegada al cargo.
A este respecto, Rivera, que se enfrenta a diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil, ha explicado que tras esa primera reunión, en la que no se encontraba la también acusada ex secretaria general técnica Lourdes Medina, informó "verbalmente" de esta situación al exviceconsejero Justo Mañas, a quien "le chocó".
"NO EXISTÍA CONTRATO"
Entonces, solicitaron documentación y comprobaron que "no existía contratos que sustentarán esa reclamación ni facturas". "No apareció documentación relacionada con la contratación" de ese personal, según ha declarado Rivera. Cuadrado "no aportó nada que acreditara la reclamación", a pesar de pedírsela.
"No voy a decir si es irregular o anómalo, pero no es común contratar a externos para trabajos que se realizan por funcionarios o personal laboral", ha afirmado Rivera, que ha precisado que quizás para una "necesidad o déficit puntual", pero "no durante cuatro o cinco años".
Mañas, "jefe superior de personal" en Empleo, acordó con carácter "inmediato" que el personal de Umax "tenía salir 'ipso facto' de la Dirección General de Trabajo", que suponía "el 25 por ciento de la plantilla" y "creaba un problema de carga de trabajo y necesidades".
Había que "cubrir" esa necesidad y Mañas solicita a Rivera y Medina, en coordinación, que evalúen la provisión de personal y se contrate a través de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) a personal para puestos de trabajo temporal. "No tenía sentido haber advertido una irregularidad y continuar con ésta por otro mecanismo", ha afirmado Rivera antes las preguntas de la Fiscalía por la contratación por la Faffe de los trabajadores de Umax echados anteriormente.
Además, ha admitido que había "un peligro", la denuncia de los trabajadores expulsados de la Dirección General de Trabajo, por lo que "se pensó que lo razonable, con peor o mejor acierto", era la contratación de personal de Faffe, incorporándose en los siguientes meses a través de un proceso de selección que hace la propia fundación.
Preguntado por una serie de trabajadores de Umax que terminaron en la Faffe y que declararon en su día que Rivera les prometió contratarlos por la extinta fundación, el ex director general ha rechazado estos términos porque "no podía comprometer" algo que no era de su competencia. "Se decía algo que no pudiera comprometer pero tampoco preocuparlos", ha añadido.
La Fiscalía ha preguntado por una serie de correos de Rivera y la Faffe sobre los trabajadores de Umax expulsados y sus datos para su contratación. Rivera ha explicado que sólo se pretendía los empleados de Umax participarán en "un proceso de selección genérico de Faffe y se facilitó los datos de contacto". "No intervine en ese proceso, fue abierto y decidió Faffe", ha asegurado.
"NO TENÍA COMPETENCIAS PARA CONTRATAR"
Antes de Rivera ha sido el turno del interrogatorio de su antecesor en el cargo, Juan Márquez, quien se enfrenta a la misma pena. Márquez --director general entre mayo de 2008 y abril de 2010-- ha reiterado en distintas ocasiones que no tenía competencias para contratar personal, cuestión que asumían los funcionarios o los jefes de servicios, así como que nunca formalizó ningún contrato verbal con Umax, cuyo dueño declaró que el primero fue con Guerrero y después ya con los funcionarios.
Márquez ha señalado que no conocía a Cuadrado, si bien "quizás" mantuviera con él una reunión de cortesía a su llegada al cargo. Sabía que había en la Dirección General de Trabajo personal externo para acometer funciones administrativas "puntuales", pero no la empresa a la que pertenecían, pues era algo "bastante común" en la Administración y existía un proceso reglado y tasado para su contratación.
También ha rechazado haber mantenido entrevistas de trabajo con personal de Umax para su contratación, "ni ha favorecido la contratación de nadie ni he dado instrucciones a Umax para ello", aunque uno de los trabajadores de Umax en la Dirección General de Trabajo era el sobrino de su mujer.
"Nunca he tenido conocimiento de la presunta existencia de un contrato verbal con Umax, ni nadie me advirtió de compromisos" con esta empresa.
Márquez ha señalado que era con el personal funcionario con quien mantenía más contacto en la Dirección General de Trabajo, si bien María José Rofa, asesora, y Rocío Sayago, ayudante de su secretaria, eran personal externo.
Además, ha asegurado que "en ningún momento, y lo sigo pensando, creyó que el personal externo de Umax fuera una figura ilícita", apuntando que todos los pagos de la Dirección General de Trabajo "contaban con los visados y la fiscalización de la intervención delegada en Empleo", si bien, ha aclarado que no existieron pagos a Umax durante su etapa.
