Abogado de exviconsejero de Hacienda compara a Ángel Turrión (IGAE) con Moisés y las tablas de ley: "No usar las transferencias de financiación para pagar ayudas"
SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El abogado Luis Aparicio, que ejerce la defensa del exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha asegurado este miércoles que la teoría "conspiratoria" de las acusaciones para explicar que los encausados se pusieran de acuerdo con la idea de "poner en manos" del director general de Trabajo "equis millones" para conceder "ayudas sin control y sin procedimiento" es "pura elucubración ayuna de prueba directa e indirecta".
Así lo ha expuesto en su informe final el abogado de Salgueiro, quien fuera consejero de Hacienda entre el 1990 y 2004 y que se enfrenta a diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Aparicio, que evacuado el trámite de informe final en algo menos de dos horas, el menos extenso de las defensas hasta el momento, si bien cargado de intensidad y constantes alusiones a la falta de prueba de los hechos que le atribuyen a su defendido, a quien se ha referido como "un servidor público honrado" para el que ha pedido "justicia".
Aparicio ha negado lo que las acusaciones han llamado "procedimiento específico", "un magma procedimental con mezcla de procedimientos administrativos independientes entre sí" como la elaboración del anteproyecto y proyecto de ley de presupuestos, la concesión de las ayudas y el pago de éstas, el control de la Intervención General de la Junta o la aprobación de las modificaciones presupuestarias.
"Qué pocas ocasiones hemos escuchado el nombre de José Salgueiro en un año de juicio", ha exclamado, preguntándose "por qué será". "En qué momento han acreditado" que el exviceconsejero acudió al procedimiento específico "para conceder una ayuda", ha planteado su abogado, respondiendo tajantemente que "nunca", porque no ha existido tal procedimiento.
"Si algo queda claro tras más 130 sesiones --este miércoles se han cumplido 138-- es que todas" las supuestas irregularidades que apuntan la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la Cámara de Cuentas o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "se refieren al procedimiento de concesión de las ayudas" que el órgano gestor --la Dirección General de Trabajo-- "efectuó", que "no pueden trasladarse a los órganos presupuestarios".
En este sentido, ha manifestado que la Consejería de Hacienda y, en concreto, el viceconsejero del ramo "no responde" de si el gasto de los fondos del programa presupuestario 31L de la Dirección General de Trabajo --que allegaba al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para que el ente materializara las ayudas en virtud del convenio marco de 2001-- "se hacía atendiendo a la normativa vigente", cuyo control era de la "Intervención".
Frente a las tesis de la acusación de que el uso de las transferencias de financiación permitía eludir la fiscalización previa de las ayudas, Aparicio ha señalado que esto se debe a la "irregular" gestión del órgano concedente de las ayudas y no a la forma de presupuestar.
"En cabeza de quién podía caber que un órgano sectorial concedente de ayudas no iba a pasar a fiscalización previas las ayudas", pues "de nadie", según ha afirmado. Dicen las acusaciones, según el letrado, que no hubo fiscalización previa de las ayudas porque no había expediente de gasto vinculado al expediente administrativo de concesión de las ayudas al haberse fiscalizado las transferencias de financiación y agotarse el crédito. "¿Por qué? Porque faltaba un papel, por favor", ha exclamado".
"No cabe que un expediente de concesión de ayuda no se pusiera encima de la mesa del interventor delegado en Empleo por la falta de un papel", ha reprochado Aparicio, que ha subrayado que las tesis del Ministerio Fiscal de que se usaban las transferencias de financiación para eludir la fiscalización de las ayudas, porque sólo se fiscalizaban las transferencias es "querer dar gato por liebre".
"La falta de fiscalización no es por usar las transferencias sino por incumplimiento de la obligación legal por el órgano gestor", ha reiterado el abogado, que ha rechazado una relación "causa-efecto".
"ESTRATEGIA DE INGENIERÍA FINANCIERA PÚBLICA"
A continuación, ha expuesto que "sólo la existencia de una confabulación o conspiración", como señalan las acusaciones, "explica que 21 personas, de cuatro consejerías distintas, de un ente público, del Gabinete Jurídico de la Junta y de la Intervención General, en momentos distintos en sus cargos, idearan poner en manos del director general de Trabajo equis millones para conceder ayudas sin control y sin procedimiento establecido", presuponiendo además "una elaborada estrategia de ingeniería financiera pública durante nueve años".
Sin embargo, "no existe prueba de la teoría conspiratoria de las acusaciones que relacione a José Salgueiro con ese plan".
Después ha abordado el uso "torticero" de las transferencias de financiación que hace las acusaciones para señalar que uso "inadecuado" permitió a la Dirección General de Trabajo "disponer a su arbitrio de dinero público". Y es que, acogiendo las tesis de la IGAE, las acusaciones señalan que las transferencias sólo podían usarse para equilibrar cuentas de pérdidas y ganancias de entes públicos y no para sufragar las ayudas de los ERE.
Así, ha querido aclarar que Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de auxilio judicial pertenecientes a la IGAE, "exquisito caballero y educado", "no es Moisés bajando del Monte Horeb con las tablas de la ley con el undécimo mandamiento": "No usar las transferencias de financiación para pagar ayudas".
Esta afirmación es "insostenible" porque la ley no establece que este instrumento financiero "sólo tenía un único objetivo". A este respecto, ha añadido que las acusaciones sostienen "una novela con un narrado de voz solemne y aterciopelada --Ángel Turrión-- en la que todos los acusados sabían de todo".
"PREVARICACIÓN VIVIENTE" POR SER CARGO PÚBLICO
Para concluir su informe ha desgranado los ochos hechos que la Fiscalía atribuye a Salgueiro nominalmente y que integran lo que sería constitutivo de un delito de prevaricación, siete de los cuales "de forma conjunta con otros acusados en comisión delictiva casi comanditaria".
"¿Puede ser una persona prevaricación viviente por ostentar un cargo político?", ha cuestionado Aparicio en relación a que se le atribuya su participación en los hechos por ser viceconsejero de Hacienda, asegurando que "no existen y no se saben" resoluciones que dictara Salgueiro contrarias a derecho, así como que tampoco actuó "a sabiendas y al margen del ordenamiento jurídico" en las supuestas resoluciones que hubiera dictado, que ni la IGAE ha encontrado.
Del mismo modo, ha rechazado relación alguna de su defendido con las ayudas de la Consejería de Empleo, así como "no propuso, ni tramitó ni firmó" modificación presupuestaria alguna del programa 31L, si bien, ha precisado que éstas no son resoluciones administrativas.
Por otro lado, se ha preguntado qué interés podría tener Salgueiro en que las ayudas de Empleo "se pagaran más rápido", como así señalan las acusaciones para explicar que la puesta en marcha del procedimiento específico se basa en ganar agilidad en la concesión de las ayudas.
En este sentido, ha planteado que si el Parlamento no conocía que "la Dirección General de Trabajo concedía y el IFA/IDEA pagaba" las ayudas, "¿cómo podía saberlo Salgueiro, era mago?". "La extraordinaria ligereza con la que el Ministerio Fiscal ha tratado a un funcionario honrado --como Salguerio-- es insoportable", ha concluido.
