23 de enero de 2019

Defensa de Viera alega indefensión al no ser juzgados los 6.000 beneficiarios de las ayudas de los ERE

Defensa de Viera alega indefensión al no ser juzgados los 6.000 beneficiarios de las ayudas de los ERE
12 de diciembre de 2018 JESÚS PRIETO

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El abogado José Manuel Herrera, que defiende al exconsejero de Empleo José Antonio Viera en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz acusados por prevaricación y malversación por el procedimiento de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha alegado indefensión por no haberse traído a esta causa a los aproximadamente 6.000 beneficiarios de las ayudas como partícipes a título lucrativo en el delito de malversación.

En la primera parte del informe final en la defensa de Viera, consejero de Empleo entre los años 2000 y 2004 y que se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación, el abogado ha alegado indefensión por varios motivos, entre ellos, la falta de concreción y las generalidades sobre la participación del exconsejero en el relato de los hechos de las acusaciones, sobre todo, en lo que respecta al delito de malversación.

Una indefensión que se ha "agudizado" durante el juicio por el hecho de que no estuvieran como encausados los beneficiarios de las ayudas partícipes a título lucrativo en cuanto al delito de malversación, pues el dolo directo exigiría su presencia en el juicio para saber que cuantía de los fondos públicos en la época de Viera ha sido la que representa el perjuicio del erario público.

"Seguimos indefensos, aún más, porque no hemos podido ejercer el derecho de defensa", ha insistido Herrera en una cuestión que ya alegó en otros momentos procesales.

En este sentido, ha subrayado que el primero que habló de indefensión fue el Ministerio Fiscal cuando en sus cuestiones previas planteó a la Sala, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle, un pronunciamiento expreso sobre la delimitación objetiva del objeto de enjuiciamiento en esta pieza separada por el procedimiento específico, algo que, como señaló el tribunal, le estaba vedado, modificar el objeto de juicio.

"Es evidente que la Fiscalía también apreció indefensión", ha indicado Herrera, algo que "no es baladí", pues "era una realidad que seguimos padeciendo", pues "no podemos defendernos sin saber las cantidades concretas malversadas".

Herrera, que ha criticado "las pequeñas modificaciones cosméticas y de redacción" de la Fiscalía y el PP en sus conclusiones definitivas, ha recordado también que el tribunal recordó al Ministerio Público en el auto que resolvía las cuestiones previas que en este causa no se juzgaban las ayudas concretas, pero aquí "han venido testigos por su conocimiento de la recepción de fondos para otros fines ajenos" a las ayudas sociolaborales y a empresas.

Si bien, estos testigos --el exchófer del ex director general de Trabajo Francisco Javiero Guerrero o el jefe de la patronal de limpieza de Granada-- "no se ha podido preguntar por las cantidades concretas distraídas del erario público en cada etapa".

"Cuántos de los 6.000 beneficiarios recibieron legalmente las ayudas", ha preguntado el abogado, añadiendo que tampoco se sabe la parte de los fondos destinados legalmente ni los que volvieron a las arcas públicas a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Sobre "el tótum revolútum" de "distracciones" de fondos públicos para otras finalidades de las que estaban previstas, como las subvenciones a ayuntamientos para ferias locales, al Servicio de Emergencias 112 o el Servicio Andaluz de Salud, ha explicado que cuando existe traspaso de fondos entre administraciones para un fin público no hay malversación.

Al tiempo, ha defendido la legalidad de las ayudas para campañas de publicidad de organismos públicos como el Servicio Andaluz de Empleo.

Por último, este miércoles Herrera, que continuará este jueves con su informe, el penúltimo antes del de la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, se ha adherido a la impugnación de la prueba pericial porque se ha desviado de su objeto inicial, que era aportar criterios técnicos sobre el uso de los fondos y su destino.