SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina, ha lamentado este jueves que el Gobierno autonómico aún no haya llevado a cabo la regulación de las competencias que le corresponden en materia de protección de datos, una cuestión recogida en el artículo 82 del Estatuto de Autonomía.
Durante su comparecencia en comisión del Parlamento para presentan el Informe Anual de actuación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en el año 2017, Medina ha trasladado la situación actual que atraviesa este órgano en materia de protección de datos. Así, ha puesto de manifiesto que aún no se ha producido la asunción efectiva de esta competencia a pesar de estar recogido, de forma expresa, en el Estatuto de Autonomía (artículo 82) y en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, ya que el Gobierno autonómico no ha impulsado la regulación.
El director ha lamentado que las peticiones ciudadanas de este área tengan que ser derivadas a la Agencia Española de Protección de Datos, haciéndose cargo un organismo estatal de asuntos que afectan a los servicios públicos que prestan la comunidad autónoma y los municipios andaluces.
En el informe presentado por Medina ante la comisión, se contempla que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía registró el pasado 2017 un total de 767 asuntos (495 reclamaciones de derecho de acceso a la información pública y 272 denuncias sobre publicidad activa), lo que supone más que duplicar las cifras de 2016, año en el que se inscribieron 300 asuntos.
Por lo que respecta a las resoluciones dictadas por el órgano de control, tanto de reclamaciones de derecho de acceso a información como de denuncias de publicidad activa, alcanzaron un total de 198, frente a las 154 del pasado ejercicio, experimentando un incremento cercano al 30%.
Si se analizan las reclamaciones de derecho de acceso a información pública, que sumaron un total de 495, esta cifra también duplica los números de 2016, año en el que se registraron 233. El órgano reclamado mayoritariamente fue las entidades locales (74,1%), frente a la Junta de Andalucía (21,6%), produciéndose un cambio significativo con respecto al año anterior, cuando las entidades locales aglutinaban el 42% y la Junta, el 51%.
En relación a las consejerías reclamadas, la de Educación concentra el 24% de las reclamaciones, seguida de Empleo, Empresa y Comercio, con un 16%, y de Hacienda y Administración Pública, con un 13%.
Las reclamaciones fueron presentadas principalmente por personas físicas (80%) frente al 20% de personas jurídicas. Si se analiza el género de las personas físicas, los hombres representan un 83% frente al 17% de las mujeres, cifras muy similares a las de 2016. En cuanto a las personas jurídicas, el 46% son asociaciones y el 34% organizaciones sindicales, con porcentajes similares en 2016.
Por lo que respecta a las resoluciones emitidas, el Consejo dictó un total de 152, frente a las 143 de 2016, anotándose un ligero incremento del 6%.
DENUNCIAS DE PUBLICIDAD ACTIVA
En el capítulo de denuncias de publicidad activa, se registraron un total de 272, cifra que multiplica por cuatro las registradas en 2016, año en el que se anotaron 67.
El organismo denunciado mayoritariamente en este ejercicio fue las entidades locales, con el 92%, frente al 45% de 2016. La Junta de Andalucía, por su parte, recibió sólo el 7% de denuncias, frente al 52% del pasado ejercicio. Por consejerías, la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio acaparó el 65%, aunque disminuyó respecto a 2016, cuando representó el 86%.
En 2017 las denuncias fueron presentadas fundamentalmente por personas jurídicas (93%) frente al 7% de personas físicas. En cuanto al género de las personas físicas, los hombres representan el 68% y las mujeres, el 32%, frente al 89% y 11% respectivamente de 2016. En relación a las resoluciones, el Consejo ha dictado un total de 46 resoluciones, multiplicando por cuatro las cifras del ejercicio anterior (11).
De otro lado, Manuel Medina también se ha referido a la puesta en marcha del Plan de Control e Inspección que, dividido en cuatro líneas de actuación, se marca como objetivo examinar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa del sector público y establecer recomendaciones y mejoras para los sujetos obligados. Su actuación se centrará en las entidades locales, la Junta de Andalucía, las universidades, los entes beneficiarios de subvenciones superiores a 100.000 euros y las federaciones deportivas.
El Plan, que prevé alrededor de 250 actuaciones, supondrá un incentivo para que los sujetos obligados cumplan con los requerimientos que, en el ámbito de la publicidad activa, fija la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, ejerciendo para ello el Consejo las competencias que tiene asignadas en materia de seguimiento y control.
INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS
La parlamentaria del PSOE-A Soledad Pérez ha defendido que la protección de datos se incorpore lo antes posible a las competencias del propio consejo, de manera que se instará al Ejecutivo para que agilice los antes posible esa regulación.
Por su parte, el diputado del PP-A Adolfo Molina ha recalcado la "valentía" del Consejo de Transparencia al poner de manifiesto en su informe que el Gobierno andaluz "no ha dado ningún paso" para el desarrollo de las competencias en materia de protección de datos.
El diputado de Podemos Jesús Alberto De Manuel ha considerado que hay aspectos mejorables de la presentación del informe del Consejo de Transparencia y ha puesto el acento en que en el mismo se evita una "dura crítica" al Gobierno andaluz en relación con el desarrollo de las competencias en materia de protección de datos. Ha preguntado concreción sobre qué falta de transparencia achacan los usuarios cuando presentan sus reclamaciones.
El portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha manifestado que es evidente que se necesita una mayor publicidad del Consejo de Transparencia y que esté mejor aprovechada su propia actividad. Ha considerado que el consejo está en este momento "mutilado" porque ha nacido a la mitad, ya que hay un déficit en relación con el desarrollo de la competencia autonómica en materia de protección de datos.
