SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Directores de Instituto de Andalucía (Adian) ha reflexionado sobre el documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre cambios de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), mostrándose en este sentido críticos respecto a la supresión de estándares y contenidos, especialmente en Bachillerato; la prioridad en la asignación de recursos a la escuela rural en detrimento de la escuela urbana; o la supresión de competencias de gestión a la Dirección para pasarlas al Consejo Escolar.
En relación al Bachillerato, el documento de consideraciones de Adian, consultado por Europa Press, apunta que se debe exigir la superación de todas las materias y que, en todo caso, los equipos docentes han desarrollado la cultura evaluatoria de valorar la obtención del título de Bachillerato teniendo en cuenta no sólo la evaluación de cada materia, sino también la madurez global intelectual y emocional del alumno. Asimismo, consideran que el acceso a la Formación Profesional (FP) debe estar "reglamentado".
Ven que el denominado 'Bachillerato flexible' presenta "serias dificultades técnicas tanto para la organización del centro como para el diseño y aplicación de horarios de los grupos y del profesorado"; partiendo con la situación actual de cupos y plantillas, los recursos actuales hacen "poco funcional y práctica" esta propuesta.
Los directores entienden que el modelo educativo debe ser inclusivo y que la reducción del número de repetidores y de fracaso escolar depende de "la calidad de las normativas educativas; las acciones de las administraciones educativas a favor de la contextualización y de las metodologías para el aprendizaje; la formación del profesorado; la autonomía pedagógica real de los centros; y el liderazgo de los equipos directivos".
La asociación apuesta por suprimir la doble vía en 4º de la ESO y optar por la titulación única, y que la FP Básica debe dar más opciones de titulación de Graduado en la ESO. Asimismo, sostiene que no toda la responsabilidad de la promoción debe descansar en la decisión de los distintos equipos docentes, pues "tiene que haber un marco normativo general que universalice criterios de evaluación, impida los agravios comparativos y no fomente enfrentamientos en los Claustros o entre centros".
Piden dotar a los centros de más recursos para referenciar el nivel competencial del alumnado con necesidades especiales y recuerdan que el plan de repetición no debe ser individualizado, impidiendo la integración del alumno en el grupo-clase, sino compartiendo currículo, asumiendo comunitariamente experiencias de aprendizaje y con la aplicación de criterios e instrumentos de evaluación del resto del alumnado.
SOSTIENEN QUE LA ÉTICA NO DEBE SER ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN
Una petición que recalcan es que no solo hay que reforzar la atención a la escuela rural y sí también a la escuela urbana con su complejidad, con "bolsas de pobreza y paro, contextos familiares desfavorecidos, desigualdades sociales o desmotivación del alumnado y sus familias respecto a la educación".
El colectivo cree que la supresión de las jerarquías y de las troncales clarifica el currículo, "que actualmente queda un tanto confuso". "No se deben suprimir estándares de aprendizajes ni renunciar a contenidos necesarios para el aprendizaje, tanto en la ESO como en Bachillerato", subraya, añadiendo que las reválidas "se remontan a épocas pretéritas que no encajan con el actual modelo de sociedad y de educación".
Si bien Adian ve positivo que la educación contemple la adquisición de competencias y valores ciudadanos y éticos de los estudiantes en los institutos, las materias para la adquisición de éstos "no deben ser opcionales junto a la asignatura de Religión --que, a su juicio, no debe tener una alternativa obligatoria-- y no debería ser en sólo una hora semanal porque con ese perfil no cumpliría sus finalidades".
En cuanto a la evaluación, actualmente, en el sistema educativo, sólo se evalúa a los directores. Adian considera que debería evaluarse también a los responsables y servicios del Ministerio, de las Consejerías competentes y de las Delegaciones Territoriales o Provinciales de Educación.
"La eliminación de estándares no debería suponer pérdida de contenidos curriculares en ESO y Bachillerato. Es necesario revisar los contenidos de los currículos en Bachillerato, en determinadas materias muy extensos en relación con la duración del curso. Habría que equilibrar contenidos y metodologías de carácter universal con adaptación al contexto de aprendizaje", manifiestan.
Asimismo, la nueva normativa que regule la educación "no debe suponer una vuelta a leyes y normativas del pasado, sino que debe partir del análisis de los nuevos contextos educativos, de los cambios sociales y de las necesidades y expectativas de la comunidad escolar".
CONTRA LA PÉRDIDA DE COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN
Con todo, "lo peor tratado" en el documento del Ministerio son las competencias, funciones y compromisos de la Dirección de los centros educativos, pues el objetivo ministerial es "quitar competencias a la Dirección y equipo directivo, sin tener en cuenta que la generalidad de pedagogos ha definido la Dirección como un factor fundamental para la calidad educativa".
"Es incompatible la lucha por el éxito educativo del alumnado con la pérdida de competencias de la Dirección, que es quien tiene la función de la organización del centro al servicio del aprendizaje", aseveran, para agregar que la "ficticia" oposición entre competencias entre la Dirección y el Consejo Escolar que propone el documento del Ministerio, "en realidad, tiene como objetivo debilitar las competencias y autoridad de la Dirección y tendrá como consecuencias el desorden de los centros, el empeoramiento de la convivencia en el alumnado, el incumplimiento de los deberes y derechos de miembros de la comunidad y la pérdida de calidad tanto de la gestión como de los aprendizajes".
La distribución de los recursos a los centros debe hacerse con "criterios de racionalidad y universalidad". "Hay que evitar la discrecionalidad y oscurantismo de la administración para privilegiar en la asignación de recursos a unos centros en detrimento de otros", añade Adian.
Por último, creen que falta una declaración a favor de la enseñanza pública, que la autorización y financiación de enseñanzas plurilingües debería hacerse con carácter prioritario en los centros públicos y que, en caso de que en una localidad se pierda alumnado para escolarizar, la pérdida de unidades debería recaer sobre la enseñanza privada-concertada en lugar de sobre la pública.
