Educadores sociales piden a la Junta incrementar las cantidades de la renta mínima y acortar los tiempos de respuesta

Publicado: miércoles, 25 julio 2018 15:33

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (Copesa) ha pedido a la Junta de Andalucía incrementar las cantidades económicas de la Renta Mínima de Inclusión Social de manera que "supere el umbral de pobreza", así como mejorar la regulación por la que se adquiere la prestación y acortar los tiempos de respuesta para solicitarla y para recibirla.

Copesa ha recordado en un comunicado, que la Junta publicó el Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. Está norma tiene por objetivo "regular la prestación económica orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social".

No obstante, Copesa considera que el Gobierno autonómico ha redactado "un decreto difícil de interpretar y ejecutar, cuyo resultado podría ser mejorable", ya que "los tiempos de respuesta de la administración suelen superar los dos meses", lo cual se puede interpretar como "una denegación por silencio administrativo".

Ante esta situación, el colectivo pide una mayor dotación de recursos y una mejor formación e implicación, sin exclusión, de todos los perfiles profesionales que componen los equipos de los Servicios Sociales Comunitarios, con lo que "los procesos serían más ágiles, así como la información a la ciudadanía y la ayuda que
se le pueda otorgar".

En este sentido, ha criticado que, "aún pudiéndose acelerar el tiempo de respuesta en los procedimientos de urgencia o emergencia, el abono de la primera mensualidad suele retrasarse más de un mes".

"Es llamativo que cuando la administración autonómica pone en marcha recursos o decretos que requieren tramitación, acompañamiento y atención no tiene en cuenta el número de profesionales existentes y la situación de los mismos en los Servicios Sociales Comunitarios", ha añadido.

Además, la entidad ha pedido también incrementar las cantidades económicas de la renta para que "supere el umbral de pobreza" y establecer indicadores sobre la consecución de los objetivos de esta política. "Será difícil disminuir el número de personas por debajo del umbral de la pobreza para las personas perceptoras de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía si su cuantía es inferior", ha asegurado.

También ha criticado que la fecha de registro de la documentación en estos servicios "no se tiene en cuenta en los plazos" y con ello se causa "confusión e indefensión de la ciudadanía", que sabe en que parte del procedimiento se encuentra su solicitud. Para resolverlo, la entidad ha propuesto establecer que los plazos para la resolución y respuesta cuenten desde la fecha de recepción de la solicitud y documentación en la Administración Pública.

Copesa ha lamentado que si no se introducen estas mejoras y se acometen las medidas expuestas, la intención de la Junta de Andalucía al regular la Renta Mínima con carácter de urgencia, "no atenderá a gran parte de la ciudadanía destinataria en la que se pensó".

MEJORAR EL IMPRESO DE SOLICITUD Y LOS REQUISITOS

Por otra parte, la entidad de educadores sociales ha pedido "mejorar" los requisitos para adquirir la ayuda, así como el formato y estructura de los impresos de solicitud y los textos de ayuda ya que "son complejos de interpretar y rellenar incluso para los profesionales de la administración pública".

En opinión de la organización, este hecho "dificulta la autonomía de la ciudadanía que precisa recurrir a personal técnico para su cumplimentación" y como consecuencia, "se satura a los Servicios Sociales Comunitarios y se producen retrasos en la preparación y tramitación de los impresos y la documentación que han de acompañarlos".

Asimismo, ha pedido modificar los requisitos y permitir que algún miembro de la unidad familiar pueda trabajar unos días ya que "el hecho de que algún miembro de la familia trabaje un solo día durante el período de espera a la resolución, conlleva la denegación de la misma". "Esto refuerza que la ciudadanía afectada evite trabajar formalmente, rechace trabajos y se refuerce el trabajo oculto y la economía sumergida", lamenta.

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