SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
Manuel Gómez, interventor general de la Junta entre los años 2000 y 2010, durante su declaración este miércoles en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha asegurado que había "muchas deficiencias" en los expedientes de las ayudas pero éstas no suponían menoscabo de fondos públicos ni delito.
Igualmente, ha señalado que a él se le reprocha no haber emitido un informe de actuación tras detectarse deficiencias en los expedientes de gestión de las ayudas sociolaborales, algo que, según ha resaltado, no se recoge en el auto de procedimiento abreviado ni en el escrito de acusación y por "esta omisión" me piden prisión, pero hasta una docena de técnicos de la Intervención en el ámbito del Control Financiero Permanente no advirtieron tener "en sus narices" un supuesto de menoscabo de fondos públicos.
Gómez, para quien la Fiscalía pide seis años de prisión y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández sobre si esas deficiencias suponían riesgo de menoscabo, Gómez ha asegurado que "no lo valoramos como delito ni como menoscabo, lo que nos obligaría a tomar otras actuaciones".
De haberse detectado menoscabo, según Gómez, los técnicos se deberían haber dirigido, como contempla la ley, directamente al consejero de Hacienda para su elevación al Consejo de Gobierno. Además, ha explicado que de haber realizado un informe de actuación lo hubiese dirigido al consejero titular del departamento al que está adscrita IFA/IDEA, en este caso Innovación.
A continuación, es el consejero el que debe ordenar al ente instrumental que lo cumpla o, en su caso, emitir él mismo una discrepancia sobre su desacuerdo con el informe. "Si lo deja en un cajón" el consejero, la Intervención, según Gómez, "ni siquiera tiene obligación legal de decir lo que pasa".
Estas afirmaciones se han producido en las sesiones de este miércoles tras el visionado en el juicio del informe definitivo de Control Financiero Permanente de cumplimiento del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con fecha de 2005 correspondiente al ejercicio 2003, en el que además se detecta un desfase en las cuentas, así como sus informes provisionales y los adicionales elaborados por interventores.
Entre ellos un informe adicional realizado tras el análisis de un número de expedientes de los convenios de ayudas en la Consejería de Empleo, aunque no fuera competencia de la Intervención, como ha indicado Gómez, que ha señalado que se trataba de "un trabajo extra y por lealtad institucional". Además, ha indicado que los informes de Control Financiero Permanente sobre IFA/IDEA los remitía al consejero de Hacienda, al consejero titular del departamento al que se adscribe el ente instrumental y al propio ente, aunque "ahora" cree que "no tiene mucho sentido" remitirlos a los consejeros.
LAS AYUDAS "NO SON SUBVENCIONES"
Según Gómez, en el análisis de los expedientes administrativos de los convenios se detectaron "muchas deficiencias" y ha compartido una de las conclusiones recogidas en estos informes y es que "no se estaban gestionando bien las subvenciones". "No voy a defender los expedientes de las ayudas porque son indefendibles", ha manifestado.
Estas deficiencias en las ayudas, detectadas por el interventor delegado de la Consejería de Empleo, estaban analizadas por el tamiz de la Ley de Subvenciones, aunque para el ex interventor general estas ayudas "no son subvenciones". "Y si lo fueran, se analizarían sobre la Orden Ministerial de 1995, que creo aplicable plenamente porque está regulando lo mismo, y el análisis --de las ayudas-- sería matizadamente diferente", ha precisado.
En este sentido, ha recordado que para la concesión de estas ayudas por el Estado --bajo la Orden del 95-- se exigía únicamente la solicitud y una memoria justificativa, expresando que no comparte que en las ayudas dadas por la Junta se haya "prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
De otro lado y en referencia al desfase detectado en IFA y recogida en el informe de 2005 referente al ejercicio de 2003, Gómez, que ha negado que IFA/IDEA o la Consejería de Empleo puedan tener "déficit" por ser entes, ha señalado que este desfase refleja que Empleo "asumió compromisos por encima de la dotación presupuestaria".
El ex alto cargo de la Junta, que actualmente trabaja como interventor de la Agencia Tributaria en Andalucía y desarrolla el futuro reglamento de la Intervención General en la comunidad, ha asegurado que las transferencias de financiación no están sometidas a fiscalización previa.
REPROCHES A LOS PERITOS DE LA IGAE
Gómez, tras una serie de preguntas del Ministerio Fiscal sobre la contabilidad de las transferencias de financiación en IFA/IDEA, ha respondido que de haberse dado un "uso adecuado" de esta herramienta de financiación "no" se hubiera dado "este problema", porque estarían contabilizadas como ingresos y gastos en el ente.
Ha precisado que la Cámara de Cuentas respaldaba que pudiera producirse esta "falta de coincidencia o incoherencia", ya que la transferencia tiene que aparecer como ingreso y estar equilibrado en los gastos. A este respecto, Gómez califica de "abuso conceptual" por parte de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) llamar a esto un "fraude".
Este no ha sido el único momento en el que Gómez ha arremetido contra los peritos de la IGAE. El ex interventor general ha indicado que las modificaciones presupuestarias aprobadas por la Consejería de Hacienda no tienen que tener informe preceptivo de la Intervención General, por lo que le resulta "llamativo" que los peritos digan en su informe que "no lo encuentra". "No existen", ha afirmado, añadiendo que esto pone de manifiesto "el modo de ejecución de ese informe", cuando es un aspecto básico.
Además, ha manifestado que no recuerda un pronunciamiento de la Cámara de Cuenta sobre el uso de las transferencias de financiación, cuyo uso no queda reglada hasta la Ley de Presupuestos de 2013, para un uso inadecuado ni poniendo en cuestión esta herramienta. "En diez años, la Cámara de Cuenta no ha auditado al IFA/IDEA ni el programa 31L" --usada para el pago de las ayudas sociolaborales por la Consejería de Empleo--, ha asegurado, apuntando que "no es serio que la Cámara no dijera nada sobre las transferencias y ahora los auditores de ocasión digan lo que dicen".
Precisamente sobre las transferencias de financiación, ha expuesto como ejemplo que en el 47 por ciento de las mismas --no sólo las concernientes a la partida 31L-- recogidas en el presupuesto de 2018 de la Junta "discrepaba" de su gestión, que consideró "inapropiada".
Sobre el convenio marco firmado entre IFA y la Consejería de Empleo en 2001 y por el que se regulaba el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis a través de la agencia pública, Gómez ha señalado que conocía "someramente" su contenido y que no era preceptivo un informe de la Intervención General para el mismo.
Gómez, que volvía a la Audiencia tras semanas ausente por una lesión en sus extremidades inferiores y que le han supuesto reposo en cama, ha solicitado al presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, suspender su declaración por "cansancio", tras estar desde las 11,20 hasta las 19,30 horas respondiendo a preguntas de la Fiscalía, con algunos recesos. El interrogatorio por parte del Ministerio Fiscal al ex interventor general continuará el próximo lunes.
