SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
María José Rofa, exasesora de la Dirección General de Trabajo, ha testificado este miércoles en el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos tres ex directores generales --Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y Daniel Rivera--, y el dueño de Umax Informática y Consultoría, Ulpiano Cuadrado, por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a esta empresa por la contratación de 44 trabajadores que "pertenecían al círculo de amigos y familiares" de Guerrero.
Durante su declaración, Rofa, asesora técnica de la Dirección General de Trabajo desde julio de 2008 y marzo de 2011, ha aportado a la Sala, presidida por el magistrado Ángel Márquez, nueva documentación, que ha sido aceptada por el tribunal, al tiempo que las defensas de Guerrero y Cuadrado han expuesto su rechazo a la misma. Entre la nueva documentación se encuentran dos facturas de fecha de 2007 impagadas a Umax por importe de 1,1 millones de euros y 281.563 euros firmadas por Guerrero.
Rofa, según han informado a Europa Press fuentes del caso, ha señalado que tuvo conocimiento de la existencia de Umax tras recibir un correo electrónico por parte de un responsable de la Caixa el 29 de marzo de 2010, días antes del cese de Juan Márquez como director general. En el mismo se reclamaba por parte de la entidad bancaria dos facturas endosadas por Umax.
Según ha narrado, Rofa respondió que haría las gestiones oportunas para averiguar la reclamación. Así, tras consultar con "la encargada de presupuestos" de la Dirección General de Trabajo, ésta le indicó que esas facturas correspondían a una encomienda de la extinta Fundación Andaluza Fondo para la Formación y Empleo (Faffe).
Las dos facturas, correspondientes al año 2007, venían a nombre de la Dirección General de Trabajo y firmadas por Guerrero, que se enfrenta a diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.
Cabe recordar que para la Fiscalía, todos los acusados, entre los que se encuentran Javier Aguado y Lourdes Medina, ex secretarios generales técnicos de Empleo-- "se pusieron de acuerdo con el fin de facilitar la contratación" de Umax, "a sabiendas de que no cumplía con los requisitos legislativos requeridos para la realización de dicha contratación, creando a partir del año 2003 una estructura administrativa de personal al margen de la relación de puestos de trabajo vigente en la Dirección General de Trabajo y en las delegaciones provinciales".
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los pagos derivados de este tipo de contratación "se realizaron bien acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o bien en expedientes de contratación menor en la que se giraban una serie de facturas por parte de la entidad Umax que correspondían a servicios inexistentes".
El personal contratado por Umax "prestó servicios para la antigua Consejería de Empleo, ejerciendo funciones en las sedes de varios órganos directivos y administrativos de la misma y realizando en algunos casos tareas que deberían haber sido efectuadas por personas integradas en la función pública de la Junta".
Ulpiano Cuadrado, dueño de Umax, presentó entre 2011 y 2012 tres escritos a Empleo reclamando 1,5 millones de euros por los trabajos realizados por sus empleados en la Dirección General de Trabajo entre 2007 y 2010, situación que fue trasladada a Rivera en un primer encuentro tras su llegada al cargo.
"PASARÍAN A FAFFE"
Además de Rofa este miércoles han declarado como testigos, a propuestas de la Junta, cinco trabajadores de Umax en la Dirección General de Trabajo, entre ellos Rocío Sayago, ayudante de la secretaria de Guerrero.
En este sentido, Rofa, que pertenecía a Faffe cuando trabajaba como asesora técnica en la Dirección General de Trabajo, ha señalado en este centro directivo no existía "distinción" entre personal pública, externo y de la extinta Fundación.
Al tiempo que ha precisado que no existía reclamaciones de sindicatos por esta situación, salvo cuando en 2010 los funcionarios sufrieron una bajada en sus sueldos. Para Rofa, la contratación de personal externo era "el procedimiento habitual en la administración".
Algunas de las trabajadoras de Umax que han declarado este miércoles como testigos han coincidido en que cuando fueron despedidas en 2010 por la Dirección General de Trabajo, por orden del exviceconsejero de Empleo Justo Mañas, según declaró Daniel Rivera, este ex director general le trasladó "que en la medida de sus posibilidades serían asumidos por la Faffe" o que "pasarían" a esta entidad.
El juicio en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla continuará el próximo martes, día 22 de enero, con la continuación de la fase testifical.
