SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha continuado este miércoles el juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad a empresas con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía.
En concreto, este miércoles han comparecido como testigos el abogado de la firma Garrigues Juan Antonio López de Carvajal y los que fueran directores de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Juan Vela Quiroga, Pablo Millán Márquez y Juan Francisco Sánchez García, este último también ex secretario general técnico de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
El primer testigo, otrora investigado en la causa, ha narrado que en un contexto en el que la firma Garrigues estaba encargada de la "preparación de la documentación jurídica y laboral" con relación al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2003 por Acyco para prejubilar a 35 de sus empleados, el entonces abogado de Acyco, director de Recursos Humanos y acusado en este juicio, Gabriel Barrero, contactó con dicha firma para solicitar una "revisión" de cierta documentación del procedimiento, remitiendo "un fax" con un listado en el que estaban "marcados" los nombres de dos personas al objeto de dilucidar si las mismas figuraban o no en el expediente de afectados por el ERE.
Tras "comprobar" que estas dos personas no figuraban en el listado inicial de trabajadores de Acyco afectados por el ERE, según ha rememorado, trasladó tal extremo a su responsable, el abogado José Miguel Caballero, acusado en este juicio, y el mismo dio instrucciones para comunicar ese "error" a Vitalia, según ha relatado.
En ese sentido, ha manifestado que cree recordar que entró en contacto con el exconsultor de Vitalia Jesús Bordallo, acusado en este juicio, y tras comunicarle la incidencia el mismo habría asegurado que tomaba "nota" de ello para "revisar" la documentación señalada.
A tal efecto, recordemos que los dos "intrusos" que habrían cobrado de la póliza de las prejubilaciones del ERE de Acyco pese a no haber trabajado jamás en esa empresa son el acusado Andrés Carrasco, "amigo" declarado del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, acusado también en este caso pero recientemente fallecido, y el exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez, fallecido tiempo atrás.
López de Carvajal, en cualquier caso, ha negado conocer que la Junta de Andalucía hubiese asumido los costes de este ERE o haber participado en cualquier encuentro de Caballero con responsables de Acyco o de la Administración andaluza. Del mismo modo, ha negado cualquier conocimiento del litigio promovido por Garrigues para reclamar el pago de sus honorarios con relación al trabajo realizado en el ERE de Acyco.
"CASI UN MENSAJERO"
Con relación a un correo que remitió con el NIF de la asociación 3 de Julio de extrabajadores de Acyco, ha narrado que desde Vitalia, probablemente Bordallo según ha manifestado, le fue solicitado ese "dato" y él se limitó a pedirlo a Acyco y trasladarlo, pues su labor era "casi la de un mensajero".
El exdirector de Administración y Finanzas de IDEA Juan Vela Quiroga ha testificado, por su parte, que la adenda de julio de 2004 al convenio inicial firmado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, entonces encabezada por el acusado en este juicio y ya difunto Francisco Javier Guerrero, y la actual agencia IDEA, para las prejubilaciones del ERE de Acyco, fue promovida por el primero de tales departamentos.
Tal decisión de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, según ha narrado, derivaba de que fue detectado que en una de las órdenes de pago de dicho departamento con relación a las prejubilaciones figuraba un "beneficiario" que no cuadraba con el listado inicial de personas objeto de las prejubilaciones.
En ese sentido, ha explicado que él mismo leyó la adenda y se percató que la misma no aludía a Acyco como empresa, sino a la asociación 3 de Julio de extrabajadores de dicha sociedad anónima laboral, defendiendo en cualquier caso que la misma no implicaba "gasto adicional" ni alteraba el "montante total" destinado al convenio inicial. En la adenda, según ha alegado, "consta" expresamente que no se superaba el "montante total" estipulado en el convenio inicial.
"DIFERENCIA" POR EL IVA
En cuanto a las "diferencias" de cuantía entre la orden inicial de pago de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social a la citada asociación 3 de Julio por 243.600 euros y el anexo y el convenio con un montante de 210.000 euros, ha defendido que se trataba de algo que "no tenía importancia" al tratarse de cuantías indicadas con y sin IVA, respectivamente.
"El concepto es ese, el de los impuestos", ha dicho, asegurando que nunca tuvo impresión de que "se pagase más de lo autorizado" y que no tuvo conocimiento de que alguna de las compañías aseguradoras relacionadas con este ERE reclamase cuantías adeudadas.
Esa partida de dinero, según lo trascendido en la causa, habría servido para resarcir el dinero anticipado por siete miembros de Acyco para activar la póliza de las prejubilaciones del ERE, ante un incumplimiento del pago inicial por parte de la Administración andaluza, entre ellos el acusado Gabriel Barrero.
Después ha testificado Juan Francisco Sánchez, en paralelo investigado en las diligencias por las presuntas irregularidades en los avales y préstamos concedidos a determinadas empresas por la agencia IDEA.
LA "MECÁNICA" CON LA DIRECCIÓN DE TRABAJO
Juan Francisco Sánchez ha relatado que durante su etapa como director de Finanzas de IDEA, las relaciones de dicho departamento con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social a cuenta de la encomienda mediante la que IDEA se encargaba de materializar pagos ordenados por la Dirección General eran "muy mecánicas". Tanto es así, según ha asegurado, que identificaba los conceptos por los cuales estaban siendo promovidas órdenes de pago pero no distinguía como tal si las órdenes concretas correspondían a "una póliza u otra".
No obstante, y con relación al mencionado pago de los 210.000 euros o 243.600 euros según la orden inicial, ha asegurado que no le consta ningún "déficit de pago" relacionado con la póliza de rentas de Acyco.
Finalmente, Pablo Millán ha respondido a las preguntas de la Fiscalía respecto a que como director de Finanzas de IDEA firmase el pago de la adenda al convenio entre tal entidad y la Dirección General de Trabajo respecto al ERE de Acyco, un día antes de la rúbrica de tal adenda. Millán ha asegurado no recordar tal extremo, pues hace ya 16 años de ello, pero ha manifestado que "realmente, no se pagaría hasta estar la adenda firmada", lo que a su juicio es "la explicación más lógica".
Y es que en el "tráfico ordinario" de trámites de IDEA, según ha dicho, cuando se detectaba "alguna incidencia" se "instaba a completar la documentación" para el "pago definitivo" una vez se "corrigiese" el aspecto surgido.
En cuanto a la diferencia de los 243.600 euros de la orden inicial de pago de dicha adenda y los 210.000 euros reflejados en el anexo, ha señalado que no sabe los motivos de tal extremo, considerando que se trataría de "alguna falta de documentación. En cualquier caso, ha asegurado que no se pagaría "por encima del convenio que se firmó" para las rentas de Acyco.
