22 de octubre de 2019
6 de junio de 2018

Exinterventor "no ve normal llamar excepcionales a 500 ayudas iguales" en los ERE y ve la gestión "opaca"

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Francisco Nieto Salvatierra, exinterventor de Control Financiero Permanente de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antes Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), entre verano de 2010 y enero de 2013, ha señalado que la gestión de las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos era "bastante opaca" y ha manifestado que "no es normal llamar a 500 subvenciones iguales subvenciones excepcionales", lo que considera "una distorsión importante".

Así lo ha manifestado durante su declaración como testigo en la sesión de tarde de este miércoles en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían estas ayudas entre los años 2001 al 2010. En virtud del convenio marco de julio de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA, el ente público abonaría las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del programa presupuestario 31L que la citada dirección allegaba a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación.

En este sentido, ha explicado que las ayudas en en el Control Financiero Permanente de IFA/IDEA no se podían fiscalizar ni controlar si la agencia "no adopta un comportamiento de sujeto activo en la concesión de las ayudas y no sólo de pagar". "No sabíamos --en IFA/IDEA-- ni quiénes eran los destinatarios de todo esos fondos", ha afirmado.

A su juicio, una subvención excepcional, "si no se acredita en el expediente el derecho y la legitimidad del beneficiario, no se puede tramitar". Además, ha indicado que "no se podía contabilizar ni en IDEA ni en la Consejería de Empleo". En definitiva, ha concluido que "la gestión era bastante opaca", añadiendo que "era imposible fiscalizar eso".

Nieto Salvatierra, que ha ejercido durante más de 30 años en distintos cargos de la Intervención de la Junta, ha declarado que pagar "exclusivamente" subvenciones en base a las transferencias de financiación era "totalmente incorrecto", añadiendo que no era consciente de que el sistema de allegar fondos a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación "impedía" la fiscalización previa en la Consejería de Empleo, según la pregunta del Ministerio Fiscal. "Expediente de subvención y fiscalización previa son indisolubles", ha manifestado, por lo que, a su juicio, esto --la falta de fiscalización previa-- "se separaba de cualquier procedimiento".

El testigo, de otro lado, ha explicado que existe cierta contradicción normativa con la finalidad de las transferencias de financiación, pues la Ley de acompañamiento del Presupuesto de 2001, de carácter "permanente", dice que las transferencias tienen finalidad genérica, por lo que el hecho de que aparezca en una Ley de Presupuestos que las transferencias de financiación se usará de forma específica es "contradictorio".

A preguntas del abogado Juan Carlos Álferez, defensa del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, ha indicado que el hecho de que apareciera anualmente en la Ley de Presupuesto la finalidad específica de las transferencias de financiación no suponía que se derogara la Ley de acompañamiento de 2001, pues tenía carácter "permanente".

EL USO DE LAS TRANSFERENCIAS PARA PAGAR LAS AYUDAS ERA "ILEGAL"

Para el testigo, usar las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales es "ilegal", porque "no se puede hacer el expediente de gasto en una Consejería sin hacerlo (gasto)". Así, ha apuntado que en sus informes ha optado por la norma de aplicación que señala que finalidad de las transferencias debe ser genérica.

En este sentido, ha indicado que el uso de las transferencias de financiación hubiese sido correcto si hubiese sido la manera de allegar fondos a IFA/IDEA para el pago de ayudas propias.

Al hilo de esto, ha indicado es "inadecuado" dar una transferencia de financiación y "decirte que la utilices para pagar a 'fulanito'", planteando como alternativa dar las subvenciones tramitadas a través de una entidad colaboradora.

De otro lado, ha declarado que "no sabe cómo valorar" la consecuencia de la actividad "irregular" de comprometer crédito como administración cuando no hay fondos para ello, en relación al hecho de que la Dirección General de Trabajo asumía compromisos de concesión de ayudas sin que existiera disponibilidad presupuestaria, lo que generaba un desfase en las cuentas de IFA/IDEA, que era quien materializaba los pagos.

Sobre la encomienda de gestión de abril de 2010 que suponía el cambio de instrumento de financiación por el que se transfería dinero a IFA/IDEA para el pago de las ayudas y cuyo expediente de gasto estaba sujeto a la fiscalización previa, el testigo ha asegurado que fue "ilegítima", pues, según ha expresado, una encomienda de 54 millones de euros "no puede tramitarse sin que el Consejo de Gobierno lo autorice".

"La encomienda debió contar con la aprobación del Consejo de Gobierno al tratarse de ese importe", ha insistido, recordando que cuando llegó al Control Financiero Permanente de IFA/IDEA ya estaba realizada y no pudo opinar sobre ella, aunque "no era su competencia, sino de la Consejería de Empleo, que debió contar con esa autorización".

Las ayudas sociolaborales a trabajadores investigadas se consideraban por la Junta de Andalucía como excepcionales, de ahí que se dieran sin publicidad, sin concurrencia y sin normativa. A este respecto, ha expresado que "no es normal llamar a 500 subvenciones iguale subvenciones excepcionales", por lo que, a su juicio, "hay una distorsión importante". "No sé por qué el sistema estaba montado así", ha cuestionado, añadiendo que "no lo encuentra razonable".

Entre otras cuestiones, Nieto Salvatierra, cuya declaración ha concluido este miércoles, ha explicado que el decreto 9/99 de régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía señala que la elaboración de un informe de actuación es "competencia exclusiva" del interventor general de la Junta al observar menoscabo u otra circunstancia como el no seguimiento de recomendaciones por parte de la entidad auditada.

El juicio continuará este lunes la fase testifical con la declaración de María Teresa Arrieta, quien fuera interventora adjunta a la Intervención General de la Junta en el área de control financiero entre 2005 y 2010.

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