Declaran cuatro empleados públicos de la Consejería de Empleo que revisaron expedientes de ayudas en 2012 y detectaron hasta 112 intrusos
SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre los años 2001 y 2010 ha contado en la tarde de este miércoles con la declaración como testigos de tres funcionarios de la Consejería de Empleo, resaltando uno de ellos las diferencias existentes entre los expedientes administrativos de las ayudas en la etapa de Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo (1999-2008) y su sucesor, Juan Márquez (2008-2010), ambos acusados en esta causa.
En concreto, Joaquín Baños, que junto a María José Cañete y Carmen Gómez Laguillo, participó en la comisión de información reservada, conformada por 21 funcionarios, creada por la Consejería de Empleo para revisar en 2012 los expedientes administrativos de las ayudas sociolaborales de los ERE. Tras este análisis, el testigo ha indicado que detectó diferencias entre los expedientes administrativos tramitados en la época de Guerrero, con "escasa" documentación, y los de la etapa de Márquez, "más completos, más estructurados y más documentados", pues con carácter general tenían solicitud de las ayudas, el plan social, etcétera.
Los tres funcionarios de la Consejería de Empleo han apuntando algunas carencias o irregularidades que detectaron en muchos de los expedientes analizados como el desorden, la falta de solicitudes de los beneficiarios o memoria justificativa de las subvenciones, así como la presencia de intrusos en las pólizas de las ayudas, siendo detectados en esta primera revisión 72 y, posteriormente, un total de 112, frente a los 5.800-5.900 beneficiarios legítimos.
En una reunión mantenida, entre otros, con el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, acusada en este juicio, se les trasladó que la finalidad era constatar y averiguar "con exactitud" la concordancia de las personas beneficiarias de las ayudas en las pólizas y si éstas habían trabajado en las empresas que habían presentado el expediente de regulación de empleo, para detectar la presencia de intrusos en las pólizas. "No se explicó nada más", han expuesto.
"DESOLADA" POR LAS FILTRACIONES A LA PRENSA
Los testigos han coincidido en las "prisas" con las que trabajaron para constatar la veracidad de las informaciones que estaban saliendo en prensa con respecto a los intrusos y el caso ERE. Precisamente, Gómez, que ha recordado la "sorpresa" que les causó que tuvieran que revisar expedientes de ERE cuando nunca habían trabajado en ello, ha expresado que se encontró "tremendamente desolada" al comprobar que su trabajo de revisión salía al día siguiente en la prensa, lo que creaba "mal ambiente porque no sabíamos quién era y cómo se filtraba".
Por su parte, Baños ha señalado que su trabajo de revisión se realizó tras la orden del consejero en 2011, tras saltar el caso ERE con el intruso de Mercasevilla, para suspender el pago de las ayudas. La "premura y máxima diligencia" venía a consecuencia de que había unas 6.000 personas que no recibían las ayudas.
CARENCIAS E IRREGULARIDADES DETECTADAS
Los funcionarios han coincidido en señalar como carencias, en líneas generales en los 68 o 69 expedientes revisados de ayudas sociolaborales a trabajadores, como la falta de solicitudes, de memoria justificativa, justificación del carácter excepcional de las subvenciones, no había documentos de pago, ni informes del gabinete jurídico o la verificación del cumplimiento del destino del dinero concedido.
Además, han indicado que no en todos los expedientes administrativos venía recogido el expediente de regulación de empleo (ERE), añadiendo la existencia de órdenes de la Dirección General de Trabajadores a aseguradoras para cambiar el destino de los fondos para el pago de otra póliza a la inicialmente destinada, o del pago de rentas vitalicias a trabajadores.
"Eran carpetas desordenadas, no expedientes administrativos", ha afirmado Carmen Gómez, subrayando que todo expediente administrativo debe tener un procedimiento reglamentado y lógico. Precisamente, esta funcionaria ha indicado que las pólizas firmadas con las aseguradoras para el pago de las ayudas tampoco estaban completas. Así, en muchos casos tuvieron que pedir documentación para completar los expedientes a compañías de seguros o la Dirección General de Trabajo, o la vida laboral a la Seguridad Social.
Los informes fruto del trabajo de revisión fueron entregados al viceconsejero Justo Mañas. En algunos de ellos, según María José Cañete, coordinadora de la Secretaría General Técnica en época de Lourdes Medina, se planteó la posibilidad, "visto lo visto y ante la carencia de conocimientos que teníamos", de pedir responsabilidad contable y la nulidad de las actuaciones.
Joaquín Baños, licenciado en Química, ha recordado, de otro lado, que colaboró con la Cámara de Cuentas con el informe de fiscalización de las ayudas de fecha de 2011, detectando, tras pedir información a la compañía aseguradora Generali sobre los conceptos recogidos en el pago de la prima de la póliza, el pago de una comisión externa para las mediadoras, existiendo diferencias entre éstas comisiones.
