La defensa del empresario pide su absolución y la acusación pide 18 años para los funcionarios y no acusa al empresario
BAENA (CÓRDOBA), 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La defensa de los dos funcionarios del Ayuntamiento de Baena (Córdoba), R.S.C. y J.D.P, imputados en el caso de las llamadas 'facturas falsas' de Baena, afirma que éstos no cometieron ninguno de los delitos de los que les acusan el fiscal y la acusación popular, que piden para ellos entre 12 y 18 años de prisión, respectivamente.
Según dijeron hoy a Europa Press fuentes judiciales, dicha alegación de inocencia se recoge en el escrito de defensa de ambos empleados municipales, que se ha presentado ya, como es preceptivo, de modo previo a la celebración de la vista oral del juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Córdoba contra ambos funcionarios y contra el empresario baenense, A.J.G.R., cuya denuncia y autoinculpación originó en 2007 el caso, aunque luego se retractó y dijo que había denunciado bajo coacciones y amenazas, entre otros, del guardia civil que abrió la investigación, el cual es hermano de la edil de IU que ejerce la acusación popular.
Las circunstancias, no ajustadas de Derecho, según la defensa de los funcionarios, en las que se tomó la primera declaración por la Guardia Civil al empresario, el hecho de que supuestamente se le indujera y engañara para que hiciera las acusaciones que determinaron la apertura de la investigación y el que se haya podido conculcar el derecho a la defensa de los dos empleados municipales son algunos de los argumentos que esgrime la defensa de éstos para alegar que no cometieron delito alguno y que no deben asumir tampoco responsabilidad civil por ello.
Sin embargo, el argumento fundamental de la defensa de los funcionarios es que las supuestas facturas falsas, que son la base del caso, realmente son auténticas, como lo demuestran las auditorías de las que han sido objeto, una del Ayuntamiento de Baena y otra realizada por auditores independientes. De igual forma, el Consistorio baenense y un perito designado por el Juzgado de Baena, que instruyó el caso, han determinado que "las obras y suministros a los que se refieren las facturas han sido ejecutados y recibidos, respectivamente".
DEFENSA DEL EMPRESARIO
Este argumento lo emplea también la defensa del empresario, que pedirá para el mismo su libre absolución, pues "es inocente de todos los cargos de los que, además, sólo le acusa el fiscal", ya que la acusación popular ha "sorprendido gratamente" a la defensa de A.J.G.R. al "no hacer mención" al empresario, "y no pide la apertura del juicio oral con respecto a él".
Por ello, la calificación que presentará la defensa del empresario mostrará su "disconformidad con la narración de los hechos formulada por el ministerio fiscal", al entender que A.J.G.R. "no ha cometido delito alguno, ni le corresponde asumir ninguna responsabilidad civil por los hechos".
En este sentido, la defensa del empresario considera que "se ha acreditado la ejecución de la mayor parte de las obras" a las que se refieren las supuestas facturas falsas, que, en ese caso, serían auténticas y corresponderían a trabajos realmente realizados, mientras que "el resto de obras no se ha podido acreditar que no se hayan ejecutado realmente".
ACUSACIÓN POPULAR
Por su parte, la acusación popular ya solicitó a primeros del pasado marzo la apertura de juicio oral y formuló escrito de acusación contra los dos empleados municipales imputados, R.S.C. y J.D.P, para los que pide un total de 18 años de prisión, pero no acusa ni pide pena alguna para el empresario, al que fiscal sí que acusa.
El escrito de la acusación popular, que ejerce la ya mencionada edil de IU en el Ayuntamiento de Baena, María Jesús Muñoz, difiere del ya formulado por el fiscal el pasado enero, no sólo en que no se acusa al empresario, para el que el fiscal pide seis años de prisión como presunto autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial, sino también en que a los dos funcionarios municipales la acusación los considera los presuntos autores de un delito continuado de estafa, al igual que el fiscal, pero entendiendo un agravante su condición de funcionarios públicos.
Ello determina que la acusación popular pida que se condene a cada uno de los trabajadores municipales a nueve años de prisión, por los seis que pide el fiscal, además de que se les imponga una "multa de 30 meses, a razón de 30 euros diarios, y responsabilidad penal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal, en caso de impago", además de que se hagan cargo de las "costas de la acusación popular". EL FISCAL
Frente a ello, el fiscal entiende que el empresario es el presunto autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial, mientras que los dos funcionarios municipales, R.S.C. y J.D.P, son para el ministerio público los presuntos autores de un delito continuado de estafa, en el que el empresario sería, además, "cooperador necesario".
En concreto, la fiscalía pide que se condene al empresario a seis años de prisión, y entiende que debe imponerse igual pena de cárcel para cada uno de los dos empleados municipales. Además, en cuanto a la responsabilidad civil, el ministerio público considera que los tres acusados deben indemnizar, "conjunta y solidariamente", al Ayuntamiento de Baena en la cantidad de 37.434 euros, que son los que supuestamente han estafado mediante el cobro al Ayuntamiento de once facturas por trabajos que, supuestamente, no se realizaron.
HECHOS
A este respecto, la calificación fiscal establece que, durante los años 2005, 2006 y 2007, el acusado, propietario de una empresa de carpintería metálica, "previamente concertado" con los dos funcionarios municipales y con "la finalidad de obtener un beneficio económico injusto y a sabiendas de que no se había realizado ninguna de las obras, elaboró a nombre del Ayuntamiento de Baena, anotó en su contabilidad como empresario, presentó y cobró de la Corporación local de Baena por trabajos que no había realizado y que correspondían a contratos menores" un total de once facturas.
Después, según el relato de los hechos de la fiscalía, "una vez presentadas al Ayuntamiento las facturas" por el empresario, los dos funcionarios, "a sabiendas de que no se correspondían con la realidad, se encargaban de que las citadas facturas fueran incorporadas a los correspondientes expedientes administrativos y tramitadas, para que fueran abonadas en la cuenta" del empresario. Cuando las facturas eran abonadas en la cuenta corriente de éste, el empresario "descontaba la cantidad correspondiente al IVA, que quedaba en su poder, y entregaba en metálico el importe restante de las mismas" a los dos empleados públicos, "que incorporaban a su patrimonio particular" ese dinero.
El ministerio público, que no ha visto en estos hechos que se haya cometido un delito de malversación de caudales públicos, que era una de las imputaciones que pesaba en la fase de instrucción sobre los ahora acusados, entiende, por otro lado, que debe procederse al "sobreseimiento provisional de la causa" respecto a los otros dos empresarios baenenses que estaban igualmente imputados en este procedimiento, pues considera que ninguno de los dos intervino en la realización de las facturas ni en la tramitación de los expedientes administrativos correspondientes.
