SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada, que establecerá las bases de las políticas contra la obesidad en Andalucía, un problema de salud pública afecta actualmente al 16,6 por ciento de la población adulta y al 23 por ciento de la infantil, ha superado este martes el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento.
Ante el Pleno de la Cámara para presentar la ley, la consejera de Salud, Marina Álvarez ha señalado que se trata de una norma pionera, porque es la primera vez que una comunidad regula con el máximo rango normativo la lucha contra la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en general, con especial atención a la infancia como colectivo prioritario, además de las mujeres embarazadas, las personas mayores y los grupos de población socialmente más desfavorecidos.
La futura ley, que ahora comenzará su tramitación en comisión parlamentaria, establecerá el derecho de la población andaluza a la información, el conocimiento, la promoción, la prevención y la participación en las iniciativas de salud pública vinculadas con la alimentación equilibrada, la actividad física y el entorno físico y psicosocial saludable.
Para hacer efectivo este derecho, según ha expuesto la consejera, se establecen medidas como la exigencia de disponer de menús saludables y de diferentes tamaños de raciones en los establecimientos de restauración; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades adaptadas a la composición de las unidades familiares, y habilitar aparcamientos de bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 empleados.
Una medida clave de la futura norma andaluza será la de favorecer el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil, promoviendo la dotación de fuentes en estos espacios. Además, se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua gratuita en aquellos centros docentes en los que se permite su instalación y en los lugares de ocio infantil, ya sea integrada en sus propios dispositivos o a una distancia de hasta dos metros de los mismos.
Por su parte, la diputada del PP-A María de la O Redondo ha indicado que este proyecto de ley es muy positivo porque es necesario hacer frente a la epidemia que supone la obesidad, si bien ha recalcado que tiene que haber un importante soporte económico para la puesta en marcha de las medidas. Redondo ha señalado que la Junta ha "fracasado" en la promoción de la vida saludable en los distintos intentos que ha habido desde 1998, con diferentes normativas. Ha anunciado que su grupo presentará enmiendas parciales a la norma para tratar de mejorar su contenido.
El diputado de Podemos Juan Antonio Gil de los Santos ha señalado que la epidemia de obesidad en Andalucía se ha convertido en un problema de salud pública y su mayor incidencia se da precisamente en la población más desfavorecida y con menor nivel de renta. Ha indicado que su grupo será exigente, durante el trámite parlamentario, con el contenido de la ley para que haya una mayor intensidad de las medidas y en relación con el ámbito de actuación, porque hay que combatir la pobreza para combatir la obesidad.
La diputada de Ciudadanos (Cs) Isabel Albás ha manifestado que la futura ley es un decálogo de buenas intenciones y el contenido resulta "un poco programático", pero es importante que las medidas se doten presupuestariamente. Ha preguntado cómo se va a llevar el control de medidas que se plantean, como la actividad física en los centros escolares, el acceso a agua potable o los aparcamientos de bicicleta en centros de trabajo.
La diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha manifestado que la ley es "interesante" e incluye un ambicioso plan que es "oportuno y procedente" y ha mostrado su preocupación por que el incremento de la obesidad o de los problemas de salud aparejados a una mala nutrición están creciendo especialmente entre las personas con menos recursos y de los barrios más desfavorecidos. Ha indicado que, a menudo, los alimentos más saludables suelen tener un precio más elevado que los productos que no son tan saludables.
El diputado del PSOE-A Francisco José Vargas ha indicado que el Gobierno andaluz ha planteado un texto legal más que justificado y de primer nivel, no solo para Andalucía, sino que "más pronto que tarde también lo harán suyo otros territorios". Ha destacado que la norma es una apuesta "valiente" de la Junta, que considera la obesidad un problema de primer orden, frente a la "pasividad e indolencia" habitual del Gobierno central con los temas que afectan a los ciudadanos y, sobre todo, a los más desfavorecidos.
