SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno central confía en que se alcance una "solución" con la Junta de Andalucía en torno al Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que beneficie "a todos los andaluces sin excepción".
Así lo viene a trasladar el Ejecutivo en una respuesta por escrito, fechada el pasado 24 de marzo, a una pregunta que, del mismo modo, le había formulado el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados sobre las "previsiones" del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de "continuar con las trabas a la puesta en marcha" de dicho decreto con el que el Ejecutivo andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "resuelve una situación en dicha comunidad".
El Gobierno central y el andaluz --tal como se recuerda en la respuesta del primero, a la que ha tenido acceso Europa Press-- firmaron a finales del pasado año un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía para "tratar de resolver las discrepancias" en torno a este decreto manifestadas por el Ejecutivo nacional "mediante la oportuna negociación", para "evitar, así el recurso de inconstitucionalidad" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Y es que el Ejecutivo central entiende que, tal como fue aprobado por el Gobierno andaluz, el decreto "desborda los límites formales y materiales que, tanto el artículo 86 de la Constitución Española, como el propio artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, demandan al ejercicio de esta potestad normativa excepcional que permite atribuir al Gobierno unas funciones que habitualmente corresponden a las Asambleas Legislativas".
En ese sentido, el Gobierno recuerda que dicho decreto tiene "como finalidad esencial, tal y como reconoce la propia exposición de motivos, regularizar 'alrededor de 300.000 viviendas' que llevan décadas en situación irregular en el territorio andaluz", y llama la atención sobre esa "argumentación" teniendo en cuenta que "un Decreto-ley es un instrumento normativo excepcional que se fundamenta en situaciones de urgencia".
"El Gobierno entiende que la depuración del ordenamiento jurídico para su adecuación al orden constitucional beneficia a todos los españoles sin distinción, y eso es precisamente el objeto que persigue la interposición de un recurso de inconstitucionalidad", subraya el Ejecutivo en su respuesta antes de recordar que se ha abierto una negociación con la Junta para evitar dar ese paso de acudir al Tribunal Constitucional (TC).
"DISCREPANCIAS" DEL GOBIERNO
En concreto, el Gobierno y la Junta acordaron a finales del pasado año "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 2, 3, 10 a 15, 20, 24 y disposición final primera" del citado decreto ley, que fue convalidado en el Parlamento de Andalucía en octubre de 2019 con el único rechazo de Adelante Andalucía, toda vez que PSOE-A, PP-A, Cs y Vox votaron a favor del mismo.
Será en el seno de la citada comisión "compuesta por el Estado y por la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se proponga la solución que proceda en relación con las discrepancias manifestadas en el citado Decreto-ley, velando siempre por la legalidad y el respeto a la Constitución española y al ordenamiento jurídico. Y ello, sin duda, beneficiará a todos los andaluces sin excepción", concluye el Gobierno su respuesta a la pregunta del grupo del PP en el Congreso.
"VOLUNTAD DE DIÁLOGO" EN LA JUNTA
Fuentes de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, por su parte, han aclarado esta semana a Europa Press que no se ha avanzado aún nada al respecto de esta negociación y que, de hecho, desde la Junta se comunicó al Estado una propuesta de integrantes del grupo de trabajo que no ha obtenido respuesta por el momento.
El plazo para la interposición del recurso de inconstitucionalidad frente a dicho decreto abarcaba inicialmente del 26 de septiembre de 2019 hasta el próximo 26 de junio de 2020, pero, según han explicado las mismas fuentes de la Consejería, en ese periodo no está computada la suspensión de plazos procesales y administrativos que acarrea el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo por el Gobierno central para frenar la expansión del coronavirus Covid-19, que sigue vigente.
Por parte de la Junta se señala que su "voluntad de negociar es total", y la Consejería que dirige Marifrán Carazo "está convencida de que podrán explicar su postura y no habrá que cambiar ningún artículo, pero, si es necesario, se modificará", según apostillan las fuentes consultadas, que recuerdan que, mientras tanto, el decreto continúa en vigor.
